La DGA prevé recaudar hasta 100 millones anuales con las nuevas medidas tributarias

El Gobierno de Aragón ha aprobado un proyecto de ley de medidas tributarias, con incrementos en algunos impuestos y la creación de otros nuevos, con el objetivo de recaudar alrededor de 100 millones de euros más en 2016 para mantener los servicios públicos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el titular de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado que se trata de un proyecto de ley "muy moderado" y que las distintas medidas previstas, en impuestos medioambientales, hidrocarburos, Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, IRPF, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no afectan a la "amplísima mayoría de los ciudadanos".

Es un instrumento para el mantenimiento y crecimiento de las políticas sociales (sanidad, educación, renta básica, dependencia, investigación, universidad y vivienda social), ha insistido Gimeno, quien ha apuntado que con esta reforma "mínima" se echa atrás la política fiscal del anterior ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi y se adoptan medidas que ya han tomado otras comunidades.

Según el consejero de Hacienda, refleja la posición del presidente, Javier Lambán, quien no quiere que Aragón encabece ninguna lista de cobro de más impuestos.

Gimeno ha comparecido con el titular de Presidencia, Vicente Guillén, y con el consejero de CHA en el Ejecutivo, José Luis Soro, quien ha hecho hincapié en que este proyecto de ley es la "antesala" para articular unos presupuestos de "justicia social", exprimiendo "al máximo" la capacidad tributaria de la comunidad, partiendo de que ésta tiene "el dudoso honor" de ser la segunda con menor presión fiscal y a la vez más déficit.

Tramo del IRPF

En concreto, el proyecto plantea una modificación en el tramo autonómico del IRPF que solo afectará al 0,5 % de población con rentas más altas, a partir de 90.000 euros, con tipos impositivos que van del 23,5 % al 25 %, además de suprimir la deducción por seguros privados de salud.

También plantea un cambio en Sucesiones y Donaciones, eliminando la bonificación del 65 % que se aplicaba a patrimonios de más de 402.678 euros (se elimina la reducción de 300.000 euros para donaciones de padres a hijos); en Patrimonio, se reduce el mínimo exento de 700.000 euros a 500.000, y en Transmisiones Patrimoniales, que grava fundamentalmente la compra de vivienda usada, se aumenta del 7 al 8 %, y al 9 % si el valor supera 500.000 euros.

Las pymes y las empresas familiares quedan excluidas de los cambios en Sucesiones o Patrimonio para el mantenimiento de todas las iniciativas de empleo.Impuesto de hidrocarburos

Se crea el impuesto de hidrocarburos, que no afectará a agricultores, transportistas y taxistas y a la calefacción de los hogares y supondrá para los usuarios con un coche tres euros al mes, ha apuntado Gimeno, y también impuestos ambientales que gravarán el transporte por cable, las líneas eléctricas de alta tensión y los embalses.

Gimeno ha subrayado que se prevé recaudar alrededor de 88 millones de euros más con estas medidas y llegar a 100 millones una vez se resuelva, con el Ayuntamiento de Zaragoza, la recaudación del impuesto por la contaminación de las aguas.

Soro ha remarcado con este proyecto el PSOE cumple con los compromisos de investidura alcanzados con CHA, IU y Podemos, mientras que Gimeno ha destacado que el Gobierno PSOE-CHA es consciente de que está en minoría, que requiere del apoyo de otros grupos para sacar adelante la ley y que intentará "convencer a todos" de que es necesario para un presupuesto que quiere primar los servicios sociales.

"No es la época de hacer infraestructuras, es la época de gastar en las personas", ha dicho Gimeno, quien ha advertido de que la recaudación prevista es muy similar a lo que costará la renta social básica anunciada.

Ha indicado, ante la falta de "coraje" que Podemos ve en esta propuesta, que en el gobierno no tienen voluntad de ser los "campeones" de los impuestos, que estudiarán las enmiendas que presente "con el mayor cariño del mundo" y que pondrán en la balanza si es mejor tener ingresos o no tenerlos para cumplir los objetivos en políticas sociales.

Gimeno ha remarcado que la obligación del gobierno es intentar recabar en las Cortes el respaldo de los grupos que votaron a favor de la investidura de Lambán, si bien no descarta que se puedan alcanzar otros apoyos, salvo del PP, porque este proyecto "da marcha atrás" a la política fiscal de los populares.