Gastón apoya "cualquier" iniciativa que garantice la continuidad de la central térmica de Andorra (Teruel)

El Ministerio de Industria reconoció que las fuentes de energía autóctonas como el carbón son fundamentales para el sistema eléctrico español.

La consejera de Economía, Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha manifestado este martes su apoyo a "cualquier" iniciativa que garantice la continuidad de la central térmica de Andorra (Teruel). Se ha reunido en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.


Gastón comparte la estrategia del Gobierno de España de "mantener la interlocución" con la Unión Europea para que acepte el Plan de la Minería y también dialogar con la empresa propietaria, Endesa, que debe invertir 230 millones de euros para adaptar las instalaciones a la normativa ambiental comunitaria.


Acompañada por el director general de Energía y Minas, Alfonso Gómez, ha dialogado con el secretario de Estado sobre el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contrario a las ayudas previstas para realizar inversiones en las centrales térmicas para eliminar parte de las emisiones contaminantes, lo que afecta a la central andorrana.


La consejera ha trasladado a Nadal el "punto de vista social" del Gobierno de Aragón respecto de la térmica, no solo por el número de empleos directos e indirectos que genera en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, sino también por la aportación al PIB de la Comunidad Autónoma.


La propuesta de Orden por la que se regula el mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas instalaciones de producción de electricidad que el Ministerio de Industria remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su valoración reconoce que la existencia de fuentes de energía autóctonas como el carbón contribuye al correcto funcionamiento del sistema eléctrico español, de ahí que sea considerada como reserva estratégica.


Sin embargo, el informe elaborado por la Comisión cuestiona la eficiencia económica de dicha orden y advierte de que Bruselas podría incluso considerar los incentivos como ayudas de Estado.


El secretario de Estado de Energía, por su parte, ha recordado a la consejera que están a la espera de que Bruselas se pronuncie también el borrador del Plan de la Minería remitido desde España y que, en función de la decisión que adopte el organismo europeo, plantearán otras posibles alternativas. Ha insistido, además, en que la continuidad o no de la actividad de la térmica, es, en última instancia, una decisión empresarial.FONDOS

En el transcurso de la reunión se han valorado también los fondos que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, prometió recientemente para las comarcas mineras del país y que, a juicio de la consejera, no deben servir para que esta transferencia de fondos haga recaer sobre las comunidades autónomas afectadas la responsabilidad de buscar alternativas al problema de la minería.


El Plan Energético de Aragón 2013-2020 considera la central térmica de Andorra como una infraestructura de interés general merced a su relevancia e impacto económico, así como también un elemento fundamental tanto para la vertebración territorial, como para el desarrollo económico y social de las comarcas mineras y para Aragón en su conjunto.


Puesto que garantiza una producción de energía eléctrica fiable, da estabilidad al mix energético de la Comunidad Autónoma y contribuye también a la del Estado, el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón hará todo lo posible para que se materialicen las inversiones necesarias que garanticen su funcionamiento en el futuro.


Por tanto, es clave para el futuro de la localidad de Andorra y su comarca que Endesa acometa las inversiones medioambientales necesarias para alargar la vida útil de la central térmica más allá de 2023.


La no realización de dichas inversiones llevaría aparejado un cierre de la instalación en el 2017 (al no poder cumplir con la normativa europea en materia de emisiones de NOx), que tendría un notable impacto negativo sobre la principal fuente de riqueza de la economía de Andorra y su comarca.


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