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Aragón

Hacienda tiene intervenidas las cuentas de casi sesenta entes públicos aragoneses

La medida es consecuencia del plan de ajuste de la Comunidad por incumplir el objetivo de déficit. Afecta a unas 20 empresas, a varias fundaciones, a consorcios y a la Universidad de Zaragoza.

No solo las cuentas de la Comunidad aragonesa están bajo la lupa del Ministerio de Hacienda. Los sucesivos incumplimientos del objetivo de déficit han hecho que el Gobierno central también haya establecido un férreo control sobre casi 60 entes públicos dependientes de la Administración autonómica, que en la práctica están intervenidos. Entre ellos se encuentran una veintena de empresas, así como consorcios, fundaciones e incluso la Universidad de Zaragoza.

Según explicaron fuentes del Ejecutivo aragonés, esta situación es consecuencia del plan de ajuste al que está sometida la DGA después de rebasar el déficit permitido en 2013. Por este motivo, están sujetos a la obligación de rendir cuentas de forma permanente todas las entidades pertenecientes al sector público y que computan para el cálculo de la deuda al formar parte del perímetro de consolidación de la Comunidad, de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010).

Desde el Departamento de Economía, explicaron que todas las empresas deben presentar periódicamente a la Corporación sus cuentas, incluida la información no financiera, para que de ahí pase a la Consejería de Hacienda, que centraliza los datos antes de remitirlos al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

Entre los entes afectados por este control está la propia Corporación Empresarial Pública de Aragón, pero también las sociedades que la integran, entre ellas las plataformas logísticas de las tres provincias, Plaza, Plhus y Platea y Expo Zaragoza Empresarial. La pasada semana la DGA anunció que asumirá íntegramente la deuda financiera de estas sociedades, que suma 207 millones de euros, a pesar de compartir el accionariado con socios institucionales y privados. Se hará a través de una ampliación de capital a la Corporación, que a su vez aportará esa cantidad a las cuatro sociedades públicas mediante nuevos préstamos participativos para que cancelen sus créditos.

Otras grandes empresas como Motorland o Sarga tampoco se libran de la vigilancia, que se extiende a algunas de menor entidad, por ejemplo, la Sociedad para el Desarrollo de Calamocha.

Además de la empresarial, la corporación audiovisual (Cartv), integrada por las sociedades de radio y televisión autonómicas, también está bajo supervisión. Y en la misma situación se hallan Suelo y Vivienda, Aragón Exterior (AREX), la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, la propia Universidad de Zaragoza, el Centro Europeo de Empresas de Innovación o el de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA).

Los institutos aragoneses como el de Empleo, Servicios Sociales, Agua, Fomento, Gestión Ambiental o el Tecnológico están igualmente intervenidos, y en materia sanitaria, el control impuesto por el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro afecta al Servicio Aragonés de Salud y al Banco de Sangre y Tejidos.

Los consorcios que gestionan infraestructuras estratégicas como el túnel de Bielsa-Aragnouet o el aeropuerto de Teruel también están sometidos a esta medida, de la misma forma que el que aglutina los transportes en Zaragoza y su entorno o el creado para desarrollar los suelos ferroviarios de la estación de Canfranc y acometer con las plusvalías su transformación (Canfranc 2000).

En la nómina de entes supervisados aparecen igualmente casi una veintena de fundaciones en las que participa la DGA, como la de Dinópolis, la Transpirenaica para la Travesía Central y la del Parque Científico del Aula Dei.

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