Más de 100.000 hogares con calefacción central tendrán que actualizarse en apenas 14 meses

Los aragoneses que dentro de unas semanas comiencen a activar sus sistemas de calefacción central deberán ir acostumbrándose a que el año que viene tendrán que introducir nuevos dispositivos en sus radiadores.

A instancias de una directiva de la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 2017 todos los edificios que cuenten con el sistema centralizado de calefacción deberán tener contadores individuales o, en caso de no ser posible técnicamente, repartidores de costes en cada radiador que controlarán cuánto es el consumo de cada hogar. La norma, impulsada bajo el paraguas de la eficiencia energética, permitirá de esta forma diferenciar -y pagar- el gasto que cada vivienda realice, como se hace en la mayoría de los edificios modernos.

En Aragón este nuevo requisito afecta a algo más de 25% de todas las viviendas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En total, más de 137.000 hogares que, no obstante, tendrán diferentes soluciones en función del mecanismo de su instalación. Si el sistema de calefacción central es en anillo -con un único punto de entrada y salida por vivienda- la actualización será sencilla mediante la instalación de un contador. De hecho, se calcula que ya hay más de 25.000 hogares de este tipo preparados en Aragón.

Más complicado resultará para los sistemas de calefacción en columnas, los más antiguos y numerosos, donde los conductos están dispuestos de forma vertical, de modo que la calefacción del radiador de una estancia se 'comparte' con la habitación de arriba del vecino. Aquí, los propietarios deberán instalar en cada uno de sus radiadores un repartidor de costes -que medirá la temperatura y el consumo- y una válvula termostática.

Según las estimaciones que manejan desde la Asociación Provincial de Fontanería, Calefacción y Afines (APEFONCA), solo en Zaragoza quedan por actualizar más de 450.000 radiadores, y, aunque ya se empezaron a realizar los primeros trabajos la temporada pasada y este verano, los instaladores dan por hecho que no se podrá llegar a tiempo a la fecha prevista. “Lo más probable es que no se llegue a tiempo. Hay algunas comunidades de vecinos que siguen pendientes de que se pongan en marcha algunas ayudas para este tema, y aunque más de un año parezca tiempo suficiente, la realidad es que se ha dejado ir el tema demasiado”, explica el presidente la asociación sectorial, José María Marcén.

De hecho, el principal problema por el cual no avanza en plazo la puesta en marcha es porque el Gobierno se ha retrasado al adaptar la normativa europea al marco nacional vía decreto, al tiempo que hasta la fecha la DGA no ha habilitado ayudas específicas para estas actualizaciones como sí se han hecho desde el año pasado en Asturias o la Comunidad de Madrid.¿Se ahorrará de verdad? ¿Cuánto supondrá para cada familia?

La otra gran pregunta radica en si de verdad estas medidas servirán para reducir el consumo. Un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares estima que estos nuevos dispositivos podrían reducir la factura hasta en un 25%, aunque se encuentran valoraciones menores. Lo que sí es seguro es que con este sistema cada familia podrá controlar su gasto. Es decir, cada vecino pagará el consumo real de calefacción y agua caliente que haya registrado, en lugar de hacerlo con los criterios que se venían aplicando hasta ahora, como por ejemplo los metros cuadrados de cada hogar.

Sobre los costes, desde el sector ya avisan que se encuentran precios muy distintos en función de unos aparatos u otros, y que de hecho se podría desatar una nueva 'guerra de precios'. En torno a esto, la OCU llegó a cifrar en un 700 euros de media lo que supondrá esta puesta a punto para un piso medio con entre cuatro y seis radiadores, aunque se suele afrontar mediante sistemas de financiación a un plazo de unos cinco años.Apenas 2 de cada 10 edificios en Aragón aprueban la calificación energética

Esta medida va en línea a las últimas directivas impulsadas por Europa para potenciar la eficiencia energética en los edificios. Ya en 2013 tomó tierra en España el denominado certificado energético, necesario para poder vender o alquilar un inmueble. Una suerte de examen donde se evalúa la pérdida de energía que tiene cada edificio por cuestiones como malos sistemas de calefacción, cierre de ventanas deficientes, o las emisiones que genera, y que según los últimos informes del Ministerio de Industria ha revelado el mal estado en este aspecto de los inmuebles de Aragón.

De hecho, de las más de 8.800 certificaciones que se habían llevado a cabo en la Comunidad hasta enero de este año, un 85% habían resultado con una de las tres peores calificaciones, y apenas 31 de todos ellos habían recibido una calificación de las más altas.