UGT y CC. OO. ya han iniciado en Aragón la recogida de firmas para impulsar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una prestación de ingresos mínimos de 426 euros al mes que podría dar cobertura en la Comunidad a entre 50.000 y 60.000 personas que carecen de ingresos y trabajo.

Se trata, han explicado los secretarios generales de UGT y CC. OO. en Aragón, Daniel Alastuey y Julián Buey, de una medida justa ante una situación social dramática por la crisis, como evidencian entre otros datos "alarmantes" en Aragón que 13.400 hogares no tienen ningún tipo de ingreso y que más del 23% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, algo que también afecta a trabajadores con salarios "de miseria".

Para dar solución a esta realidad social de "emergencia", ha apuntado Buey, UGT y CC. OO. ha puesto en marcha una ILP en la que plantean esta prestación de ingresos mínimos como nuevo derecho subjetivo, que no dependa por tanto de las disponibilidades presupuestarias, de 426 euros al mes (el 80% IPREM) que "colgaría" de la Seguridad Social como presentación no contributiva y financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Sería una prestación de "último recurso" para personas de más de 18 años y menos de 65 que residan legalmente en España al menos durante seis meses y que estén inscritas como demandantes de empleo al menos doce meses, y sería compatible con rentas inferiores al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional e incompatible con otras prestaciones.

Este sistema no sería incompatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, pero sí contarían para establecer el umbral de ingresos para poder acceder a la renta mínima.Con cargo a los PGE

Se presenta como ILP, ha explicado Alastuey, para garantizar que tengan un ingreso mínimo todos los españoles en disposición de trabajar, y porque consideran que es el Estado el que tiene que hacerse cargo del "peso" económico de esta renta, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Así, CC. OO. y UGT apuestan por que forme parte del sistema permanente de prestaciones con carácter universal, a disposición de quienes cumplan los requisitos que marque la ley, como derecho subjetivo exigible por los ciudadanos e inembargable, ha precisado Alastuey.

Ha subrayado que se trataría de una renta para personas que quieren trabajar y no lo consiguen, de ahí que tengan que estar inscritas en las oficinas de empleo al menos doce meses, con lo que los beneficiarios tendrían que acudir a las ofertas de trabajo o formativas que les plantearan.

Para Buey, es una medida justa y necesaria que beneficiaría a 2,1 millones de personas, porque una sociedad moderna, con recursos y democrática, que se plantee mínimamente elementos de justicia social, no puede dejar "en la cuneta" a tanta gente, más cuando la ligera mejoría de la economía no va llegar de forma rápida a estas personas.

Ha insistido en que es una medida asumible desde el punto de vista económico, ya que requeriría un presupuesto anual de 11.000 millones de euros, el 1,1% del PIB, en su opinión no excesivo si se compara con otras prestaciones del Estado, y en que además tendría efectos macroeconómicos, porque esta renta iría directamente al consumo de los hogares, elevando la demanda interna y consolidando y ampliando el empleo en las empresas vinculadas a esa demanda.

Ambos sindicatos se proponen recoger en empresas y en la calle en Aragón en torno a 60.000 firmas de apoyo que engrosen las 500.000 necesarias para poder presentar en el Congreso la ILP, aunque aspiran sumar hasta dos millones, ha apuntado Alastuey, quien ha explicado que dadas las fechas y el proceso que requiere lo más probable es que su tramitación se posponga para la próxima legislatura.

No obstante, ha considerado que con la actual composición del parlamento no tendría "mucho futuro" y su éxito de esta ILP dependerá del cambio político que se pueda producir tras las elecciones generales, de forma que ambos sindicatos, ha concluido Buey, están manteniendo contactos con los distintos partidos para que la incorporen a sus programas electorales.