Visto para sentencia el caso Naves, en el que el fiscal rebaja a 8 años la petición para Agapito

El expresidente del Real Zaragoza Agapito Iglesias se enfrenta, junto al resto de acusados en el caso Naves, a penas de hasta 16 años de prisión por malversación de caudales públicos, si bien la Fiscalía, el Gobierno de Aragón y Plaza rebajan su petición hasta los ocho años por este delito.

Iglesias se ha sentado en el banquillo ante la Audiencia Provincial de Zaragoza esta semana junto al exviceconsejero de Obras Públicas en la etapa de Marcelino Iglesias en el gobierno autonómico, Carlos Esco, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el ex director técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez Cervantes, en un juicio oral que ha quedado este viernes visto para sentencia.

El Ministerio Fiscal ha reclamado ocho años de prisión para los cuatro acusados por malversación de caudales públicos, al entender que al constituirse Plaza con un cien por cien de capital público -posteriormente entraron las dos principales cajas de ahorros aragonesas, Ibercaja y CAI- cabría este delito.

No obstante, y en la misma línea que los letrados del Gobierno de Aragón y de la propia plataforma logística, ha pedido que en caso de no considerarlo así se les condene por delito societario con una pena de seis años de cárcel.

Para el fiscal, Javier Checa, "sin saber por qué" y según "un contrato que nadie firma", Codesport, empresa propiedad de Agapito Iglesias, factura a Plaza las obras de construcción de unas naves en la plataforma y esta, a su vez, lo hace a Autocity, compañía compradora de las mismas que introdujo modificaciones en el proyecto que implicaron un incremento del coste que a lo largo del juicio se ha fijado en 13 millones de euros.

Checa ha considerado que las modificaciones introducidas son "innumerables" y "absolutamente tremendas" y que, en todo caso, aunque se admitieran, "Plaza pagó lo que no tenía que pagar".

En representación del gobierno autonómico, José Luis Gay ha reiterado que Agapito Iglesias estaba vinculado a la oferta que presentó en un principio a Plaza y que intentó cobrar posteriormente cosas que ya aparecían en el contrato desde un primer momento, por lo que "ganó más de lo que debía".

Laura Martínez, abogada de la plataforma logística en la causa, ha incidido en que Iglesias, Esco, García Becerril y Pérez Cervantes actuaron "de común acuerdo desde el principio y hasta el final" con un plan "preconcebido", comenzando por unos pliegos que, según correos electrónicos en poder de la justicia, fueron redactados por la propia Codesport y con una "ambigüedad deliberada" y "falta de detalle" que, a posteriori, permitió "todos los desmanes".

El "gran beneficiario" de toda esta operación, con la no modificación del contrato de adjudicación tras la incorporación de Autocity y el posterior sobrecoste, sería el expresidente del Real Zaragoza, cuya empresa habría cosechado un margen de beneficios de hasta el 10 por ciento, por encima de la media de Codesport.

Estas tres partes han solicitado también que, alternativamente a los delitos societario o de malversación, se condene a los cuatro procesados por falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida y fraude.

La única acusación que ha mantenido su petición de penas -entre 13 y 16 años de prisión- es UPyD.

El defensor de Agapito Iglesias, Miguel Ángel Alemán, al igual que los abogados de los otros tres encausados, ha solicitado la absolución de su cliente, ha afirmado que "no cabe ninguna duda" de que los fondos de Plaza son privados, por lo que no cabría la malversación de caudales públicos, y ha reiterado que no ha habido "justificación alguna" de ninguno de los delitos, ni ve acuerdo ni connivencia entre los cuatro acusados.

"Plaza ha abonado lo que tenía que abonar y Codesport ha cobrado lo que tenía que cobrar", ha dicho.

Por su parte, el letrado de Esco, Juan Monclús, ha manifestado que los peritos que han venido declarando a lo largo de la semana no se han puesto de acuerdo, que "no cabe" elevar la pena en caso de delito societario a seis años, al no concurrir los hechos necesarios para ser declarado como "continuado" y que, en todo caso, éste ha prescrito.