La apoderada de una empresa mercantil, M. A. S. B., y su hijo, A. A. S., serán juzgados mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presuntos autores de un delito de estafa del que fueron víctimas un matrimonio al que le iban a subastar su casa y una mujer que estaba a punto de perder su finca. El fiscal pide cinco años de prisión para cada uno de ellos, pena que una de las acusaciones particulares, ejercida por el letrado Miguel Tejada, eleva a seis años. El abogado, que alternativamente califica los hechos de apropiación indebida, solicita la devolución de los 21.500 euros que perdieron sus clientes. Por su parte, los letrados defensores reclaman la absolución.

Las dificultades económicas llevaron al matrimonio a formalizar en 2007 un préstamo con garantía hipotecaria con un empresario. Pero, tras no pagar varias cuotas, su vivienda salió a subasta pública ante el Juzgado de Primera Instancia de Ejea. Esta circunstancia, según la acusación, fue aprovechada por los imputados para ponerse en contacto con la pareja, ofrecerle sus servicios para refinanciar la deuda y evitar la subasta de la vivienda. No en vano, el acusado A. A. S., según el letrado, se ocupaba de visitar los distintos juzgados de Zaragoza y Navarra para analizar los edictos de subasta, tomar nota de las personas afectadas y enviarles una carta proponiéndoles una supuesta solución a su problema.

Así, les ofrecieron los servicios de un letrado –al que no llegaron a conocer– y la subasta se paralizó pero no por sus gestiones, según los perjudicados, sino porque el propio juzgado la frenó al carecer la escritura de una cláusula. Pero una vez ganada su confianza, les plantearon refinanciar la deuda con una nueva escritura con su casa como garantía. El 17 de septiembre de 2009 acudieron a un notario y allí los prestamistas les entregaron 7.500 euros en efectivo (que cogió la acusada M. A. S. B.) y 15.000 en dos cheques, uno de CAI y otro de Caixa. Una vez finalizada la firma, M. A. S. B. y su marido (también imputado pero ya fallecido) acompañaron a la pareja a las dos cajas y, después de cobrar los cheques, les pidieron el dinero. El matrimonio se lo dio en la creencia de que iba a liquidar sus deudas, pero los imputados nunca lo hicieron y la pareja perdió esos 21.500 euros y un tiempo después, su casa.