Los empresarios aragoneses instan a la DGA a defender la TCP y la reserva hídrica

La CREA pide a la DGA que reivindique la travesía central como eje fundamental para el desarrollo.

La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) ha instado al Gobierno aragonés a defender y reivindicar la Travesía Central Pirenaica (TCP) como un eje fundamental para el desarrollo de la región y la reserva hídrica contemplada en la Ley de Aguas de la Comunidad.


Estas reivindicaciones se han planteado durante el transcurso de una reunión del comité ejecutivo de la patronal aragonesa convocada para analizar cuestiones relacionadas con el desarrollo de la actividad económica en Aragón, entre ellas las referidas a las infraestructuras.


En un comunicado, los empresarios manifiestan su "preocupación" por la "reorientación" de los planteamientos del Gobierno regional en torno a las conexiones transfronterizas y, en concreto, al apoyo expresado por sus responsables al eje del denominado Corredor Mediterráneo.


La CREA considera "positivo" que se impulse la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, contemplado ahora desde el Ejecutivo aragonés como un ramal del Corredor Mediterráneo, y expresa su confianza en que el interés mostrado se "concrete" en una aceleración de las inversiones que requiere el proyecto para dar un servicio "adecuado" a las empresas y ciudadanos de la Comunidad.


Sin embargo, los empresarios consideran "irrenunciable" la reclamación de la TCP, un eje que creen "fundamental" para la consolidación de la apuesta logística llevada a cabo en Aragón.

Advierten, además, que una travesía ferroviaria de alta capacidad a través del Pirineo Central es "básica" para la conexión de las empresas aragonesas con los mercados internacionales y para asegurar al mismo tiempo una conexión de alta velocidad y susceptible de articular la intermodalidad de transporte para el conjunto de España y de la UE.


En el ámbito hidráulico, la CREA considera que "más allá" de la cuestión competencial que ha derivado en la suspensión cautelar de la Ley de Aguas de Aragón, decretada por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central, la Comunidad aragonesa debe exigir con "total rotundidad" el la reserva hídrica establecida de 6.550 hectómetros cúbicos del caudal del Ebro.

Insisten también los empresarios aragoneses en la necesidad de defender el mantenimiento de la unidad de cuenca y la continuidad del actual caudal ecológico en la desembocadura del Ebro.


"Todo ello -subrayan- es fundamental para que en nuestro territorio puedan, actualmente y en el futuro, desarrollarse adecuadamente iniciativas agroganaderas, industriales, turísticas y, en definitiva, empresariales que supongan desarrollo, riqueza y vertebración del territorio, afrontando a su vez la conclusión de las obras pendientes del Pacto del Agua de Aragón.

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