El informe de la Agencia Tributaria sobre los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio revela que en sólo un año, en Aragón, el número de personas obligadas a realizar esta declaración (aquellas que cuentan con un patrimonio superior a 700.000 euros) aumentó en 384 personas. También creció la masa patrimonial total de este grupo de aragoneses: de los 13.859 millones declarados en 2013 a los 14.741 declarados el año pasado.

El informe dado a conocer esta semana corresponde a las declaraciones presentadas ante Hacienda el año pasado cuyo ejercicio de referencia es el año 2013. Los datos que contiene el documento permiten conocer en qué invierten su dinero los aragoneses con patrimonios superiores a 700.000 euros.

Más que en viviendas y en fincas, el mayor caudal económico se sitúa en acciones, bonos de deuda pública y otro tipo de bienes mobiliarios. La inversión media en este tipo de bienes superó el año pasado los 1,8 millones de euros por persona.

Las cifras facilitadas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro revelan que en Aragón sigue creciendo la inversión en los llamados bienes suntuarios, que no son sino inversiones en joyas, vehículos y otros artículos de lujo. Hasta 884 aragoneses poseen alguna propiedad de este tipo, superando la inversión total del grupo los 14,5 millones de euros. Las personas interesadas en las antigüedades y el arte de gran valor, también considerados bienes suntuarios, representan un porcentaje muy pequeño en la Comunidad: el año pasado apenas se registraron una decena de declarantes con un patrimonio global de inversión de 2,1 millones.

Otro de los activos con peso son los seguros de vida: unos 2.000 aragoneses declararon tener invertidos en este tipo de productos cerca de 264 millones de euros.

El informe de la Agencia Tributaria, por supuesto, no sólo ofrece datos de Aragón: hay datos a nivel nacional que permiten realizar una radiografía de los patrimonios más solventes del país. El año pasado, cerca de 178.500 españoles declararon bienes valorados en más de 537.106 millones de euros. Son casi 5.000 personas más que un año antes.

Con diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de residentes acaudalados es Cataluña, con algo más de 66.700 declarantes. Muy de lejos le sigue Andalucía, que con 18.562 declaraciones superó a Madrid (15.585 declarantes). La región madrileña perdió contribuyentes el año pasado pero los madrileños son, de largo, los españoles que declaran más patrimonio: casi ocho millones de euros por declarante por los 2,3 que declaran los catalanes.

Madrid es la única comunidad que ha renunciado a recaudar el tramo autonómico del impuesto sobre el Patrimonio.

Un impuesto controvertido

El Impuesto sobre el Patrimonio ha tenido una existencia 'ajetreada' en los últimos años. Aprobado en el año 1978, estuvo vigente de forma ininterrumpida hasta el año 2008, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió cumpliendo así con una de sus promesas electorales estrella. Según Zapatero, este impuesto recaía sobre las familias de clase media y no sobre las grandes fortunas. Entonces, estaban obligadas a realizar esta declaración tributaria todas las personas cuyos bienes estaban valorados en más de 120.000 euros.

Poco le duró al socialista su promesa, porque en el año 2011, cuando la crisis ya estaba causando estragos en las cuentas del Estado, decidió recuperarlo por un periodo de dos años (ejercicios 2011 y 2012) con el mínimo exento actualizado, eso sí, de 120.000 a 700.000 euros.

"Tal vez, si hubiéramos previsto la crisis, no hubiéramos eliminado el Impuesto de Patrimonio", llegó a confesar en una entrevista fechada en 2010 la entonces la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado. Y es que con la eliminación de este impuesto las arcas públicas dejaron de ingresar la nada desdeñable cantidad de 1.800 millones de euros al año.

En la primavera de 2011, cuando la situación económica de España era especialmente delicada y comenzaba a cristalizar la idea de unas elecciones generales adelantadas, Mariano Rajoy barajó la posibilidad de suprimir este impuesto si llegaba a La Moncloa. Una intención que quedó en agua de borrajas porque el hoy presidente del Gobierno prorrogó la temporalidad establecida por Zapatero. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el impuesto sobre el Patrimonio sigue vigente.