​ARAGA pide modificar la ley que obliga a las gasolineras agrarias a tener personal trabajando

La Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA) ha solicitado que se modifique la ley que obliga a las gasolineras de cooperativas agrarias a tener personal presente mientras estén abiertas.

Se trata de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobada en 2014. En su artículo 35, que modifica la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón, se añadió una disposición adicional segunda que obligaba a aquellas gasolineras que proporcionen servicio a terceros a disponer de una persona responsable de los servicios durante todo el periodo en que estuvieran abiertos.

"Esta medida, loable en cuanto pretende mejorar el servicio y atención a los usuarios, especialmente a aquellos que pudieran sufrir cualquier discapacidad física, ha supuesto, sin embargo, un perjuicio y una pérdida de calidad de vida a los habitantes de numerosas zonas rurales", han señalado.

En opinión de ARAGA, "la mayor parte de los pueblos aragoneses no están lo suficientemente poblados como para que sea viable, económicamente hablando, una estación de servicio". Desde hace algunos años, las cooperativas asumieron este servicio, abriendo sus surtidores a no socios, y ampliando la oferta a combustibles no agrícolas.

Con la aprobación del artículo 35 estas estaciones de suministro, dependientes de las cooperativas agrarias, se han visto en su mayoría obligadas a cortar el acceso a los no socios, tanto residentes en el municipio como forasteros de paso, debido a la inviabilidad económica de tener un trabajador permanentemente en las instalaciones.

ARAGA ha afirmado, en una nota de prensa, que aunque en municipios con pocos habitantes no es viable económicamente tener varias personas contratadas para cumplir el servicio de 24 horas y 7 días a la semana, sus ciudadanos tienen derecho a disponer de este servicio.

Por ello, la organización agraria ha solicitado a los representantes en las Cortes de Aragón que modifiquen la ley y sean declaradas exentas del cumplimiento de la misma a aquellos puntos de suministros, dependientes de cooperativas agrarias, y que estén en municipios de menos de 5.000 habitantes.