El gasto mensual en pensiones en Aragón se eleva siete millones de euros en apenas un año


El Gobierno abre por primera la posibilidad de cambiar el modelo de financiación.

​El nuevo aumento en la edad de jubilación afectará a unos 10.000 aragoneses este año
Desigualdades en las pensiones

El envejecimiento de la población aragonesa y las mayores pensiones cotizadas por los nuevos jubilados está elevando, año tras año, el gasto que el Gobierno central tiene que acometer para pagar la factura de las pensiones. Un panorama difícil de atajar y que apenas ha conseguido compensar el aumento de puestos de trabajo conseguido a lo largo de los últimos meses.


Solo de un año para otro, el gasto que el Estado tiene que realizar para hacer frente a las pensiones contributivas en Aragón se ha elevado en siete millones al mes. Esta evolución es similar en otras autonomías especialmente afectadas por el envejecimiento, como Asturias o Galicia, donde junto a Aragón se supera proporcionalmente el incremento del gasto que se da en el conjunto nacional.


De este modo, si el año pasado los pagos a los más de 294.000 pensionistas que hay en la Comunidad (entre jubilados, pensiones de viudedad, orfandad o incapacidad) se elevaba hasta los 249,7 millones cada mes, durante el primer semestre del 2015 la cantidad se ha incrementado hasta los 256,6 millones, casi siete millones más mensualmente.


Los motivos de este aumentado están ligados irremediablemente al paulatino envejecimiento de la población. Así, Aragón cuenta a día de hoy con 1.796 pensionistas más que hace justo un año. A ello se suma además el nivel de reposición de las nuevas pensiones. En julio, por ejemplo, se unieron al sistema 1.531 personas y salieron 1.083, condición a la que también se une que las nuevas altas han acumulado derechos y años cotizados para percibir prestaciones más elevadas. Sin ir más lejos, en este mismo mes los nuevos pensionistas aragoneses entraron con una pensión media de 1.160 euros, mientras que los que salieron estaban cobrando, también de media, 832,5 euros al mes.


Por contra, la pirámide demográfica y el flujo de nuevos trabajadores tampoco invita al optimismo. Si bien el empleo se ha recuperado de forma considerable durante los últimos meses, el déficit de la Seguridad Social se ha seguido manteniendo, hasta el punto de que en Aragón se estaba creando durante la primera mitad del año un déficit -la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de los trabajadores y el gasto en el pago de pensiones- de algo más de 100 millones de euros mensuales, todo ello provocado porque en Aragón sigue habiendo apenas 1,77 trabajadores cotizando por cada pensionista, cuando los expertos señalan que para afianzar el sistema esta cifra debería superar, cuanto menos, los 2,5, número que se daba en el momento anterior a la crisis.El Gobierno abre el debate para cambiar el modelo de financiación


Es por esto que pese a la mejora de la economía, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, no pasó por alto en su última comparecencia a finales de agosto poner sobre la mesa una posible modificación en el sistema de financiación de la Seguridad Social.


Hasta ahora, el sistema español se basa en la denominada 'solidaridad intergeneracional' que, grosso modo, implica que los trabajadores actuales sostienen las pensiones de los ya jubilados. Un modelo que en medio de la crisis y el continuo gasto que el Gobierno ha tenido que hacer de la llamada 'hucha de las pensiones' se ha puesto en discusión en multitud de foros.


Así, Burgos invitó a comenzar a plantear ante el Pacto de Toledo la posibilidad de que algunas de las pensiones contributivas dejen de sostenerse por cotizaciones para pasar a ser sufragadas mediante impuestos.


"Evidentemente, las pensiones de jubilación e incapacidad tienen condiciones para su mantenimiento como esencialmente contributivas. Se podría centrar el debate en muerte y supervivencia", aseguró el Secretario de Estado, haciendo referencia a que serían las de viudedad y orfandad, que en Aragón tiene un gasto aproximado de 45 millones mensuales, las que encontrarían en los impuestos su nueva vía de financiación.

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