Los ajustes y las políticas sociales centran el inicio del curso de un Gobierno sujeto a los pactos
El plan financiero que exige Madrid y los Presupuestos de 2016 condicionarán la gestión de todas las consejerías. Lambán deberá buscar constantes acuerdos con Podemos para garantizarse la aprobación de cualquier iniciativa.
Superado ese primer escollo, la DGA deberá cerrar con el Gobierno central el plan económico-financiero exigido por incumplir en 2014 el déficit permitido, una situación que se repetirá este año. Pero la verdadera prueba de fuego será la presentación del Presupuesto de 2016, en el que deberá plasmar con números las prioridades de su gestión, entre las que Lambán siempre ha destacado las políticas sociales, en línea también con los acuerdos cerrados para su investidura con el resto de formaciones de la izquierda.
De hecho, con un Gobierno sustentado por una minoría en el Parlamento autonómico, socialistas y nacionalistas, que solo suman 20 de los 67 diputados, tendrán que recurrir a Podemos para sacar adelante tanto las cuentas del próximo año como cualquier otra iniciativa que deba pasar por la Cámara. Por ello, la viabilidad del Ejecutivo dependerá del grado de entendimiento con la formación liderada por Pablo Echenique. Y todo ello, sin perder de vista las elecciones generales de finales de año. A nadie se le escapa que en este primer tramo del curso político todos los partidos buscarán posicionarse de cara a una cita en la que hay tanto en juego, lo que sin duda tendrá su reflejo en el debate autonómico.
Más incierto es lo que ocurrirá una vez que se concreten los resultados de los comicios y los pactos postelectorales, que también en Aragón podrían marcar un antes y un después.
Gimeno también trabaja contra reloj en perfilar el plan de ajuste que le reclama el ministro Montoro y que le enviará previsiblemente entre septiembre y octubre. Será un programa a tres años en el que Aragón se comprometerá a cumplir el techo de déficit en los próximos ejercicios. En este ya ha advertido de que es inviable. El impacto de ese plan condicionará además el Presupuesto de 2016, para el que aún no hay fecha aproximada de presentación. La ley de acompañamiento vendrá marcada en esta ocasión por la reforma fiscal anunciada. Entre otras medidas tendentes a aumentar los ingresos, se prevé un incremento en el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas el umbral aún está por decidir, la rebaja de las actuales exenciones en el impuesto de Donaciones o la creación de nuevos impuestos ambientales (como el que gravaría las bolsas de plástico o el de las hidroeléctricas).
Además de dotar económicamente las políticas que pretenda desarrollar el Ejecutivo, las cuentas también deberán recoger la subida salarial del 1% a los funcionarios y el resto de medidas anunciadas por Cristóbal Montoro para todos los empleados públicos. La más gravosa es la devolución del 75% aún pendiente de la paga extra de 2012. La intención de Gimeno es negociar los plazos con los sindicatos, que ya le han advertido de que se movilizarán si no cumple las órdenes de Madrid.
Por otro lado, las restricciones presupuestarias marcarán la agenda más inmediata de organismos como el Inaem, según reconoció la propia consejera. Gastón pretende impulsar la labor de mediación de este ente entre demandantes de empleo y empresas, así como reforzar el papel del Instituto Aragonés de Fomento.
De momento, desde la próxima semana se reforzará la plantilla para desatascar la tramitación del IAI, ya que se calcula que hay sin resolver 1.500 solicitudes de nuevas altas y otras 2.000 de renovación. Para abonar estas ayudas hasta fin de año hará falta ampliar el presupuesto en 2,5 millones.
La atención a la dependencia es el otro gran asunto pendiente: según el Observatorio estatal, tres de cada diez dependientes -el 30,9%- siguen en Aragón a la espera de recibir la prestación económica o los servicios a los que tienen derecho. En este, como en otros asuntos, el ajuste presupuestario será clave.
Durante el verano, la Consejería ha tenido que hablar con los directores de los centros a fin de adaptar el currículo y está por ver si existe suficiente stock editorial de textos adaptados a la LOE.
En cuanto a las becas de comedor, este curso habrá 6,2 millones para 8.544 niños (frente a los 5,5 para 7.246 del año pasado) y se cubrirá el 100% del coste desde el primer día. Pero volverá a repetirse la imagen de alumnos en barracones se han contratado 40. Entre ellos están los 18 del Foro Romano de Cuarte, dos de ellos para los alumnos que iban a ir al Ánfora, al que la Consejería de Mayte Pérez ha denegado el permiso para abrir por razones que la oposición considera "políticas". Esta polémica, que padres y promotores del que iba a ser un centro concertado amenazan con llevar a los tribunales, ha supuesto la primera crisis que ha tenido que afrontar el Ejecutivo.
Además, Celaya estudia acometer una reorganización de funciones, de forma que el Salud pase a ser un mero órgano de gestión y gane más peso el propio Departamento que él dirige. Mientras, ya se ha decidido devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y evitar que los jubilados tengan que adelantar parte del dinero del copago farmacéutico. Antes de que acabe el año, se adaptará el sistema informático de la receta electrónica para detectar cuándo un beneficiario ha alcanzado su tope de aportación.
