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Los ajustes y las políticas sociales centran el inicio del curso de un Gobierno sujeto a los pactos

El plan financiero que exige Madrid y los Presupuestos de 2016 condicionarán la gestión de todas las consejerías. Lambán deberá buscar constantes acuerdos con Podemos para garantizarse la aprobación de cualquier iniciativa.

El presidente, Javier Lambán, durante su discurso de investidura.
El presidente, Javier Lambán, durante su discurso de investidura.
josé miguel marco

Tras dos meses de rodaje, el Gobierno PSOE-CHA inicia el curso político con importantes asuntos sobre la mesa. Además de marcar las prioridades para 2016, asume el reto de reajustar de inmediato las cuentas para intentar cubrir las necesidades más imperiosas hasta final de año. Apenas tendrá margen de maniobra a la vista de la situación de las arcas autonómicas. Desde su llegada al Pignatelli, Javier Lambán no ha dejado de llevarse "sorpresas" en forma de desfases presupuestarios heredados del Gobierno de Rudi, principalmente en Sanidad y Educación. Mientras, el PP acusa a los nuevos gestores de "victimismo" y de inflar las cifras para "ocultar los gastos a los que tiene que hacer frente por los peajes con Podemos en la investidura", así como con CHA e IU.

Superado ese primer escollo, la DGA deberá cerrar con el Gobierno central el plan económico-financiero exigido por incumplir en 2014 el déficit permitido, una situación que se repetirá este año. Pero la verdadera prueba de fuego será la presentación del Presupuesto de 2016, en el que deberá plasmar con números las prioridades de su gestión, entre las que Lambán siempre ha destacado las políticas sociales, en línea también con los acuerdos cerrados para su investidura con el resto de formaciones de la izquierda.

De hecho, con un Gobierno sustentado por una minoría en el Parlamento autonómico, socialistas y nacionalistas, que solo suman 20 de los 67 diputados, tendrán que recurrir a Podemos para sacar adelante tanto las cuentas del próximo año como cualquier otra iniciativa que deba pasar por la Cámara. Por ello, la viabilidad del Ejecutivo dependerá del grado de entendimiento con la formación liderada por Pablo Echenique. Y todo ello, sin perder de vista las elecciones generales de finales de año. A nadie se le escapa que en este primer tramo del curso político todos los partidos buscarán posicionarse de cara a una cita en la que hay tanto en juego, lo que sin duda tendrá su reflejo en el debate autonómico.

Más incierto es lo que ocurrirá una vez que se concreten los resultados de los comicios y los pactos postelectorales, que también en Aragón podrían marcar un antes y un después.

Hacienda

Sobre el consejero Fernando Gimeno recaen las decisiones más cruciales a las que se enfrenta en este momento el Gobierno. La misión más urgente es decidir de dónde saldrán los más de 200 millones de la modificación presupuestaria a la que se ha visto abocado nada más llegar al Departamento. Con esta medida se pretende paliar el desfase de más de 743 millones en las cuentas de este año. Los números rojos alcanzarán casi los 600 millones y además se recaudarán 150 menos de lo presupuestado, según las últimas estimaciones. La modificación, que se llevará a las Cortes en septiembre, afectará a todas las consejerías y se bloquearán partidas, aunque la DGA asegura que no se tocará el gasto social.

Gimeno también trabaja contra reloj en perfilar el plan de ajuste que le reclama el ministro Montoro y que le enviará previsiblemente entre septiembre y octubre. Será un programa a tres años en el que Aragón se comprometerá a cumplir el techo de déficit en los próximos ejercicios. En este ya ha advertido de que es inviable. El impacto de ese plan condicionará además el Presupuesto de 2016, para el que aún no hay fecha aproximada de presentación. La ley de acompañamiento vendrá marcada en esta ocasión por la reforma fiscal anunciada. Entre otras medidas tendentes a aumentar los ingresos, se prevé un incremento en el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas –el umbral aún está por decidir–, la rebaja de las actuales exenciones en el impuesto de Donaciones o la creación de nuevos impuestos ambientales (como el que gravaría las bolsas de plástico o el de las hidroeléctricas).

Además de dotar económicamente las políticas que pretenda desarrollar el Ejecutivo, las cuentas también deberán recoger la subida salarial del 1% a los funcionarios y el resto de medidas anunciadas por Cristóbal Montoro para todos los empleados públicos. La más gravosa es la devolución del 75% aún pendiente de la paga extra de 2012. La intención de Gimeno es negociar los plazos con los sindicatos, que ya le han advertido de que se movilizarán si no cumple las órdenes de Madrid.

Economía

La nueva consejera, Marta Gastón, tiene que afrontar más pronto que tarde la reestructuración de las empresas públicas, ahora dentro de su organigrama, y que ya se ha iniciado con la coordinación entre Plaza y la Terminal Marítima de Zaragoza. Lambán quiere que el hombre fuerte en este proyecto sea el nuevo director gerente de Plaza, Francisco de la Fuente, que además ha asumido la gerencia de las cuatro plataformas logísticas de Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel y Fraga). El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, apuntó a una reducción de altos cargos y asesores en las empresas públicas que todavía está por concretarse.

Por otro lado, las restricciones presupuestarias marcarán la agenda más inmediata de organismos como el Inaem, según reconoció la propia consejera. Gastón pretende impulsar la labor de mediación de este ente entre demandantes de empleo y empresas, así como reforzar el papel del Instituto Aragonés de Fomento.

Derechos sociales

La renta básica es una de las prioridades del Gobierno. En unos días se presentará un borrador de la futura ley con los baremos y los requisitos para optar a las ayudas previstas en la norma, para que a continuación reciba las aportaciones de los colectivos en pro de la inclusión. El texto se enviará antes de que acabe el año a las Cortes para su tramitación. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que la renta básica recogerá la esencia de una propuesta de ley de medidas de exclusión social presentada por el PSOE la pasada legislatura. La consejera, María Victoria Broto, se ha limitado a anticipar que el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) se incluirá en el presupuesto de la renta básica y que esta tendrá un coste anual estimado de 90 millones, si bien fuentes parlamentarias creen que podría ser superior.

De momento, desde la próxima semana se reforzará la plantilla para desatascar la tramitación del IAI, ya que se calcula que hay sin resolver 1.500 solicitudes de nuevas altas y otras 2.000 de renovación. Para abonar estas ayudas hasta fin de año hará falta ampliar el presupuesto en 2,5 millones.

La atención a la dependencia es el otro gran asunto pendiente: según el Observatorio estatal, tres de cada diez dependientes -el 30,9%- siguen en Aragón a la espera de recibir la prestación económica o los servicios a los que tienen derecho. En este, como en otros asuntos, el ajuste presupuestario será clave.

Educación

La paralización de la Lomce condiciona el inicio del curso académico y político para el Departamento de Educación. La suspensión de la aplicación de esta ley estatal en secundaria y bachillerato, en la parte en la que la DGA tiene competencias, es uno de los principales compromisos que alcanzó el PSOE con Podemos, CHA e IU.

Durante el verano, la Consejería ha tenido que hablar con los directores de los centros a fin de adaptar el currículo y está por ver si existe suficiente stock editorial de textos adaptados a la LOE.

En cuanto a las becas de comedor, este curso habrá 6,2 millones para 8.544 niños (frente a los 5,5 para 7.246 del año pasado) y se cubrirá el 100% del coste desde el primer día. Pero volverá a repetirse la imagen de alumnos en barracones –se han contratado 40–. Entre ellos están los 18 del Foro Romano de Cuarte, dos de ellos para los alumnos que iban a ir al Ánfora, al que la Consejería de Mayte Pérez ha denegado el permiso para abrir por razones que la oposición considera "políticas". Esta polémica, que padres y promotores del que iba a ser un centro concertado amenazan con llevar a los tribunales, ha supuesto la primera crisis que ha tenido que afrontar el Ejecutivo.

Sanidad

Las listas de espera quirúrgica son otra de las asignaturas pendientes para el Gobierno de Lambán. Hay más de 2.000 pacientes en esta situación y el consejero, Sebastián Celaya, ha planteado un plan de choque mediante un comité técnico en el que varios expertos analizarán diversas medidas como una reestructuración de turnos de mañana y tarde. El principal problema de esperas está en Traumatología y Neurocirugía.

Además, Celaya estudia acometer una reorganización de funciones, de forma que el Salud pase a ser un mero órgano de gestión y gane más peso el propio Departamento que él dirige. Mientras, ya se ha decidido devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares y evitar que los jubilados tengan que adelantar parte del dinero del copago farmacéutico. Antes de que acabe el año, se adaptará el sistema informático de la receta electrónica para detectar cuándo un beneficiario ha alcanzado su tope de aportación.

Universidad

El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza crearán en septiembre una comisión bilateral para definir un nuevo modelo de financiación para el campus público aragonés, asfixiado por una deuda que incluso decidió reclamar en los tribunales al anterior Ejecutivo. Ahora, el rector, Manuel López, y la consejera, Pilar Alegría, quieren recomponer la relación entre ambas instituciones. De momento, la DGA transferirá en breve 11,5 millones para ponerse al día en los pagos de este año. Otro conflicto abierto es la implantación este curso del grado de Magisterio en la Universidad San Jorge, que rechaza el campus público por duplicar su oferta. El Gobierno estudia si puede revocar la autorización que dio el PP.
Presidencia

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ya ha iniciado los contactos con los colectivos afectados por el polémico decreto de espectáculos públicos para modificarlo y permitir la entrada de los menores a los conciertos. El cambio estará listo este año.

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