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Los jubilados dejarán de adelantar 500.000 euros mensuales por el copago farmacéutico

Desde 2012, los pensionistas pagan el 10% de sus medicamentos, con topes de entre 8 € y 60 € según su renta.
La receta detectará si el paciente llega a su límite y no le cobrará el exceso.

La clave del cambio se gestionará en las farmacias, a través de la receta electrónica.
La clave del cambio se gestionará en las farmacias, a través de la receta electrónica.
asier alcorta

Los jubilados aragoneses dejarán de adelantar parte del dinero correspondiente a sus recetas farmacéuticas. La Dirección General de Planificación del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón está trabajando para que los pensionistas no tengan que asumir estos pagos, que se les reintegran en un plazo de tres meses en la mayoría de los casos. Para conseguirlo, se van a hacer modificaciones en la receta electrónica: el sistema informático detectará cuándo un beneficiario con derecho a devolución ha llegado a su tope de aportación y dejará de cobrarle.

El modelo basado en reintegros fue muy criticado cuando se adoptó, al entrar en vigor el copago farmacéutico (1 de julio de 2012). A partir de ese momento, los pensionistas pasaron a estar obligados a pagar el 10% de sus recetas, aunque abonaban un máximo en función de su renta.

Los que cobran menos de 18.000 euros tienen que desembolsar un tope de 8 euros (que es el mínimo establecido); los que ingresan entre 18.000 y 100.000, un máximo de 18 euros; y los de rentas superiores, 60 euros mensuales. Las tres cantidades se han ido actualizando con el IP Caño tras año.

En la mayoría de los casos, el dinero se les devuelve en tres meses (se les ingresa en la misma cuenta de la que se sustrae), pero cuando la cantidad retenida por el Gobierno de Aragón supera los 30 euros, se intenta que el reintegro se haga en solo un mes.

Los cambios en la receta electrónica podrían hacerse realidad en otoño. Mientras, siguen sujetos a este modelo entre 55.000 y 60.000 pensionistas. Se estima que todos ellos adelantan, cada mes, entre 400.000 y 500.000 euros (depende de la época del año), lo que supone alrededor de 1,3 millones al trimestre.

Farmacéuticos, jubilados y representantes de los consejos de salud urbanos protestaron contra la medida cuando se implantó, porque consideraban que la retención y posterior demora de reintegros es de dudosa efectividad y, sin embargo, supone una dificultad añadida en el caso de las rentas más bajas. En concreto, fue considerada por ellos como un "abuso de poder" de la anterior Consejería (PP) y una "retención ilegal de un dinero ajeno", aparte de "ilícito" y, además, sin intereses. Algunos denunciaron, además, que podía disuadir a los ancianos de seguir adecuadamente sus tratamientos médicos.

El anterior Ejecutivo defendió que había que cumplir la legalidad. Alos asegurados se les enviaron cartas detallando a cuánto ascendía el reintegro, el consumo de medicamentos, el número de recetas y la aportación pagada (en pacientes polimedicados el consumo puede rondar los 1.000 euros).

Una medida "gravosa"

Fuentes oficiales del Departamento de Sanidad explicaron a HERALDO que esta medida se ha tomado con carácter prioritario porque les parece "gravoso que los pensionistas tengan que adelantar parte del dinero a la Administración". De hecho, algunas comunidades ni siquiera llegaron a pedir un adelanto, y otras lo suspendieron poco después.

Entre las primeras, estuvo Andalucía, que alegó que el alto grado de implantación de la receta electrónica y su conexión con las oficinas de farmacia permitían conocer los consumos y aportaciones de cada paciente en tiempo real y saber sobre la marcha cuándo se había llegado al tope, sin tener que esperar al análisis de la facturación.

Alegaron, al igual que lo hace ahora el Departamento que encabeza el consejero SebastiánCelaya que, al no aplicar el modelo de devoluciones (el Ministerio permitía hacerlo incluso a seis meses), no se mermaba el poder adquisitivo de los pensionistas. Cataluña y Galicia tomaron la misma decisión, y Extremadura decidió cambiar el sistema cuando ya se había implantado.

Los pensionistas son, lógicamente, el colectivo con el consumo más elevado de medicamentos. Constituyen en torno al 30% de la población y se llevan el 68% de las recetas facturadas. Los activos, en torno a un 65%, consumen el 25% de los fármacos dispensados.

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