Lambán rectifica y subirá el 1% a los funcionarios, pero quiere pactar la devolución de la extra

El Gobierno de Aragón aplicará en 2016 la subida salarial del 1% a los funcionarios que el Ejecutivo central va a incluir en los Presupuestos Generales del Estado y que afectará a los empleados públicos de todas las administraciones. Pese a que el presidente autonómico, Javier Lambán, llegó a calificar la pasada semana la implementación de esta medida de"milagro" que la DGA"no es capaz de hacer", fuentes del Departamento de Hacienda garantizan ahora que sus funcionarios –más de 40.000– verán reflejado en sus nóminas el próximo año el incremento previsto, ya que"es de obligado cumplimiento".

Por ello, este punto"no está en discusión", añadieron. Según las primeras estimaciones, esta subida supondrá unos 20 millones a las arcas autonómicas. Pero lo que sí pretende negociar la DGA con los sindicatos es la forma de aplicar otras medidas también anunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como la devolución del 75% pendiente de la paga extra suprimida en 2012. El Estado abonará ya este mes de septiembre un 25% a sus empleados, mientras que el 50% restante lo cobrarán en 2016 en dos pagos, en marzo y en septiembre, y Montoro ha pedido al resto de las administraciones que hagan lo propio,"siempre que haya disponibilidad presupuestaria".

Este no parece ser el caso del Gobierno aragonés, habida cuenta de que el nuevo gabinete PSOE-CHA se ha encontrado con que solo para pagar las nóminas de noviembre y diciembre faltan 100 millones que no estaban consignados en los presupuestos, como recordó Lambán hace una semana, por lo que dijo que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, está haciendo"cuentas y maniobras inverosímiles", al tiempo que mostró sus dudas sobre cómo se podrían asumir las medidas lanzadas por Montoro, que califican de"electoralistas".

No en vano, devolver el 75% pendiente de la paga eliminada –el 25% se pagó en abril– supondría 60 millones, a los que habría que sumar otros 10 para cubrir los puestos necesarios durante el disfrute de los moscosos que también se devolverán (tres de los seis que tenían) y de los días libres por antigüedad, los ‘canosos’.

A la vista de estos números, en el Pignatelli se dio prácticamente por imposible empezar a pagar la extra en los plazos marcados, pero ahora matizan que se negociará con los sindicatos, que ya han exigido a Lambán que cumpla. Fernando Gimeno ya ha iniciado una primera ronda de contactos con cada organización por separado, previa a la convocatoria de la Mesa de la Función Pública, que se reunirá"cuanto antes".

No obstante, cualquier acuerdo con los sindicatos estará supeditado al visto bueno tanto de CHA, socio del PSOE en el Ejecutivo, como de Podemos e IU, ya que sus votos serán necesarios para sacar adelante las cuentas.

Mientras, se espera que la próxima semana el Consejo de Gobierno nombre al nuevo director general de la Función Pública, puesto que la plaza permanece vacante desde que el pasado día 4 se firmara el decreto del cese de Ignacio Murillo. A esta designación se sumarán otras en el primer Consejo tras las vacaciones, que se celebrará el martes 25, aunque no está claro que ese día se complete el nuevo organigrama del Ejecutivo autonómico.

En el mismo caso que la Dirección General de la Función Pública está, por ejemplo, la de Calidad y Atención al Usuario, dependiente del Departamento de Sanidad, una vez cesada la anterior responsable, Lourdes Rubio. Además, siguen trabajando con los nuevos consejeros socialistas directores generales nombrados por el anterior Gobierno PP-PAR, como el de Gestión Forestal, Roque Vicente.