La previsión de la concesionaria, formada por las constructoras Acciona y Brues, es que los trabajos se alarguen cuatro meses, puesto que no solo hay que reponer el tramo que, literalmente, deshizo la crecida del Ebro, sino otro cercano que tuvieron que derribar tras haber detectado un gran socavón bajo la plataforma de la autopista. Hasta entonces, se mantendrá el paso provisional habilitado por una sola calzada.

Tanto el exconsejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, como la propia empresa encargaron sendos informes para conocer las causas de la rotura, ya que la autopista ARA-A1 se diseñó para que aguantara crecidas mucho mayores y, sin embargo, a la primera ocasión el terraplén que cruza la huerta de la margen izquierda, en el término municipal de Villafranca de Ebro, sufrió severos daños. La DGA encargó el trabajo por procedimiento negociado a la reconocida ingeniería zaragozana Sers, que no solo deberá apuntar las causas sino las posibles "soluciones a adoptar". Por este trabajo, que está muy avanzado, cobrará 21.275 euros.

Desde el Ejecutivo autonómico se resta importancia al hecho de que aún haya que esperar hasta principios de año para retomar la normalidad en la autopista, ya que el paso provisional abierto permite absorber sin problemas la escasa circulación que soporta la ARA-A1. De hecho, los estudios de tráfico que sirvieron de base a la concesión estimaban que a estas alturas deberían circular 7.821 vehículos de media diaria, cuando no llegan ni a la mitad, 3.160.

La infraestructura se inauguró hace siete años con el objetivo de conectar el eje viario de Barcelona (la AP-2 y la N-II) y el de Castellón (N-232), de forma que los vehículos se ahorrasen los rodeos que daban hasta entonces por Zaragoza. La idea es que sus 5,3 kilómetros, que conecta en línea recta Villafranca de Ebro y Fuentes de Ebro, fueran el primer tramo del futuro quinto cinturón de la capital, pero su ruinosa explotación y, sobre todo, la crisis aparcó sine die la inversión.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, tendrá que hacer frente en los próximos meses a la grave situación de la autopista, posiblemente el mayor problema económico que ha heredado de su antecesor. La concesionaria está en concurso de acreedores porque su viabilidad económica se basó en un estudio de tráfico que no se cumple, por lo que el peaje en sombra que cobra de la DGA no permite ni cubrir los costes de financiación de las obras.

El consejero reconoció las dificultades legales para cerrar el citado reequilibrio de la concesión. De hecho, el Gobierno PP-PAR ya exploró esta posibilidad con Acciona, pero los servicios jurídicos de la DGA señalaron que era inviable. Por una parte, una sentencia del Tribunal Supremo ha descartado esta solución para una de las autopistas radiales de Madrid (la R-4) que tampoco alcanza las expectativas de tráfico y por otra, el propio pliego del concurso de la autopista impide el reeequilibrio por escasa circulación. De haberse pactado esta solución, las arcas autonómicas habrían asumido el pago de casi 63 millones de más respecto a los precios fijados en la licitación a lo largo de los 20 años que quedan de concesión.

Ante esta tesitura, se analizó la posibilidad de reducir los costes de mantenimiento, rebajando el estándar exigido, y de alargar el plazo de amortización de la inversión, a lo que los bancos estaban dispuestos. Pero ninguna de las dos soluciones permitía compensar las pérdidas.

El tiempo corre en contra del Gobierno autonómico, ya que el concurso de acreedores se resolverá a la par que las obras de reparación de la autopista. Para enero se sabrá si las arcas autonómicas tienen que asumir, en plena etapa de recortes y promesas de inversión social, el pago de 45 millones a una constructora con la que se mantiene en paralelo una larga batalla legal por los desfases millonarios en la urbanización de Plaza.