El Estado lleva al Constitucional el derecho de Aragón a gestionar su reserva hídrica
El Consejo de Ministros cuestiona que la DGA deba "evitar" trasvases y recurre 28 puntos de la ley de Aguas. El consejero Olona avisa de que no van a renunciar.
La decisión del Consejo de Ministros conlleva un fuerte quebranto en los derechos hídricos que habían asignado las Cortes a la DGA, en especial la gestión y control de la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos que reconoce el Estatuto a Aragón. Al menos cinco de los 28 puntos recurridos al Tribunal Constitucional hacen mención a esta reserva. Todos quedan anulados desde ayer y hasta que el Constitucional dicte sentencia, lo que no sucederá antes de 18 meses. Durante todo este tiempo, ni la DGA en su conjunto ni el Instituto Aragonés del Agua en particular (la ley le asignaba numerosas competencias que antes no le correspondían) podrán asumir ninguno de esos preceptos.
El Gobierno considera que Aragón no tiene derecho a la "gestión del agua reservada" y que tampoco tiene derecho a crear "un registro de aguas" ni a decidir a quién se le asignan los 6.550 hectómetros cúbicos a los que tienen derecho los aragoneses, según el Estatuto. El desacuerdo llega al extremo de que el Consejo de Ministros considera inconstitucional hasta la definición que la ley aragonesa hace del concepto de "reserva hídrica".
Además, el Gobierno central ha recurrido que una de las funciones de "los poderes aragoneses" sea "evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte Aragón".
Por último, el Ejecutivo también ha pedido la anulación del derecho que la ley de 2014 otorgaba al Instituto Aragonés del Agua para emitir un "informe preceptivo" sobre todos los temas hídricos que considerasen que podían afectar "a los intereses de Aragón". Este instituto, que desde su creación se ha considerado un órgano político, es el principal damnificado del recurso estatal.