Luisa Broto: "Habrá que priorizar. En una legislatura igual no se puede cumplir todo"

El eco que recibimos es bastante favorable. Es un proceso dinámico, de ir afinando la maquinaria, pero la sensación es buena.

Su programa es ambicioso. ¿Tiene el temor de no poder cumplir todo lo prometido?

Hay quien dice que en cuatro años no se puede hace todo un cambio político, como por ejemplo en derechos sociales.

¿Eso puede generar frustración?

Afirmar que nuestro programa es muy ambicioso no está en contradicción con decir que habrá que priorizar. Igual que digo que vamos despacio para llegar lejos, igual en una legislatura no podemos cumplir todo. Y hay que entroncarlo en la realidad. Hay que volver al tema de los medios de una administración local y todo lo que puede surgir en el camino.

Se les ha acusado de que ha habido más gestos que gestión.

La política de gestos no es algo que venga con nosotros. La emergencia ciudadana es una realidad. Hay que tener en cuenta a todos los actores y eso requiere tiempo. Pero detrás de cada gesto y de cada foto hay un acuerdo.

Por ejemplo, dijeron que puestos de libre designación cobrarían 3,5 veces el salario mínimo, pero esta decisión no se aplica a coordinadores o gerentes de sociedades, en contra de lo previsto en el código ético de ZEC.

Lo reconozco. Ahí tuvimos en cuenta que podíamos hablar de las personas que formaban parte de ZEC. Un coordinador de área es alguien que no viene de nuestro entorno. Hemos hecho que firmen una declaración de bienes. No podemos imponer a nadie que asuma el 100% del código, pero planteamos que haya el máximo control y transparencia.

El cambio de nombre del Príncipe Felipe por el de José Luis Abós ha generado polémica.

Responde a una demanda ciudadana. 15.000 personas hicieron una petición. Es una persona representativa, pegada a la tierra. Puede haber suscitado reticencias, pero se tendrán en cuenta las alegaciones que sean factibles. Nuestro objetivo no es confrontar, es dar respuesta a una demanda y a nuestro programa.

La decisión se interpreta como un gesto antimonárquico.

Quien quiera hacer una lectura antimonárquica o alinearlo con decisiones de otras ciudades es que quiere ver más allá.

¿No sería más democrático llevar la decisión al pleno?

Es una decisión del gobierno. No estamos sacándonos de la chistera nada, un planteamiento que nadie haya reclamado. Es algo que se presentó en 2014 y que ha tenido un refrendo de 15.000 personas, una importante mayoría.

¿Va a actuar el gobierno de ZEC de espaldas al pleno?

En absoluto. El gobierno tiene unas facultades que le atribuye el reglamento orgánico y se ha hecho utilización de él. Trataremos de ser lo más participativos posible.

Han eliminado la obligatoriedad de acudir a actos religiosos.

La Constitución dice que el Estado es aconfensional. Planteamos que nadie puede ir obligado a un acto religioso. Los concejales pueden ir a cualquier acto. A nadie se le prohíbe que se asista a actos de cualquier religión, pero sin representar a la corporación. Hemos tenido prisa en hacer el cambio para las fiestas del Pilar, pero no vamos a llegar. Habrá que esperar, es un proyecto para 2016.

ZEC optó por un gobierno en minoría. ¿Está el Ayuntamiento abocado a la inestabilidad?

No veo inestabilidad, sino trabajo de consenso y negociación. Y ahí tenemos experiencia, porque nuestra organización ha trabajado con consenso desde el principio y no ha sido fácil.

¿Se equivocó ZEC al no buscar un acuerdo de gobierno con sus socios de investidura?

No, no... Pero la legislatura son cuatro años. No vamos a ser rígidos. El error sería no estar abiertos al diálogo.

¿Cree que es posible que haya un pacto de gobierno con el PSOE o con CHA en el futuro?

No nos cerramos a nada. Pero nos hemos encontrado un ayuntamiento como nos lo hemos encontrado. A partir de ahí igual no quieren ser socios determinados partidos. La pregunta habría que devolvérsela a ellos. Por ahora estamos en el proceso de nuestras primeras medidas de emergencia y pendientes de la auditoría.

Además de vicealcaldesa, es concejal de Derechos Sociales. Llegaron al gobierno con el mensaje de que había una situación de emergencia. Pero la oposición dice que van muy lento.

Estamos haciendo cosas importantes que no son llamativas. Los cambios deben ser profundos porque las ayudas y el sistema prestacionista durante los últimos ocho años no han modificado la situación. Nos encontramos que hay excluidos que son trabajadores que no llegan a fin de mes. Es un cambio de paradigma y eso no se hace de un día para otro. Hacemos lo posible, pero no soy de hacer grandes alharacas.

¿Cómo es posible que hoy haya más demanda de ayudas que hace un año?

Pongo en entredicho la recuperación económica. Hay una reforma que precariza las condiciones laborales, los suministros hay que pagarlos, las prestaciones por desempleo se acaban, el empleo es precario y parcial... Y si una prestación tan básica como el IAI tiene una moratoria de 8 o 9 meses, las necesidades aumentan. Pero hay que cambiar de paradigma, se ha roto el sistema. El sistema de prestaciones no puede dar respuesta a esta demanda.

¿Tras la entrevista que mantuvo con su homóloga en la DGA se resolverá el problema del IAI?

Sí, porque hay sintonía. Nos hemos emplazado a dentro de un mes para crear una mesa técnica. El diagnóstico está hecho. No es lo mismo la instrucción de un expediente, que una renovación, que debe ser automática y ahora tarda entre cuatro o cinco meses.

La moratoria incorporada en la reforma local para las competencias locales acaba este año.

Nos preocupa. En esta mesa hablaremos de los convenios del Ayuntamiento y ver qué solución damos a la continuidad de prestaciones. Tenemos instrumentos, capacidad y experiencia. Vamos a plantear al gobierno autonómico si quiere darnos una competencia delegada, pero queremos la financiación al 100%.

En septiembre tiene previsto presentar sus medidas sociales.

El espíritu es el cambio de modelo, en el que las personas están en el centro. Se tiene que trabajar de forma integral, desde la inclusión y el empleo. Por esto esta área es tan ambiciosa. Recoge vectores que estaban deslavazados o que estando en el mismo área no funcionaban en sincronía. Esto nos va a permitir que las personas puedan acceder a una mejora.

Plantean elevar el gasto social.

Es una prioridad. Si el Ayuntamiento tiene 675 millones de euros en el presupuesto de 2015, el 1,2% se ha destinado a ayudas de urgencia. Hablamos del 2% y este año llegaremos a los 10 millones, logramos duplicarlo. Pero lo que nos interesa que la prioridad en el gasto suponga que esté por delante de cualquier tipo de pretensión. Pero eso está condicionado por la situación económica.

¿El objetivo de 5.000 viviendas públicas de alquiler es viable?

Sí. Primero, ya hay un parque de 2.500 viviendas. Y se está hablando con entidades bancarias y la Sareb. Además, existe una idea innovadora que tenemos que valorar que es la subrogación de hipotecas de deudores de buena fe. La hipoteca pasa a la propiedad municipal y estas familias tienen un alquiler que pueden abonar. No es un programa irrealizable.

¿Se puede conciliar un mayor gasto social con la situación económica?

Yo creo que sí. Lo importante es no hacer políticas de ciencia ficción en lo económico, sino hacer partícipes a los ciudadanos de la realidad.