Después de múltiples retrasos, el Ministerio de Fomento y el Arzobispado de Zaragoza firmaron al fin el convenio que permitirá restaurar los interiores de la iglesia de la Magdalena, una de las joyas del mudéjar aragonés, que permanece cerrada desde el año 2002. El acuerdo supone una inversión total de 1,8 millones de euros, financiados al 50% por la dos instituciones. Está previsto que se inicien las obras a finales de este verano.

El acuerdo lo rubricaron el pasado martes la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez. En total, el Gobierno central destinará a esta obra 902.709,18 euros, de los que 200.000 ya están asignados en los presupuestos de 2015 con cargo al programa de ordenación y fomento de la edificación. El resto se aportará en 2016.

Con la firma del citado convenio, informaron fuentes de Fomento, podrá comenzar la eliminación de las humedades del interior del templo. El proyecto prevé además restaurar o sustituir acabados interiores como bóvedas, pilastras, capiteles y decoraciones medievales. El pavimento, que está en muy mal estado y no tiene valor patrimonial, será sustituido. La otra gran zona de actuación será la torre y sus dependencias, así como las estancias donde se ubicó la vivienda del campanero. Se pretende dotar de acabados, cerramientos, instalaciones y medidas de protección para las visitas turísticas.

La previsión inicial es que las obras, que suponen la tercera fase del proyecto de rehabilitación del edificio, duren entre 10 y 12 meses. Una vez concluidas, la iglesia podría abrir sus puertas para el culto y las visitas turísticas. No obstante, aún faltaría una cuarta fase para adecentar los retablos y otros bienes muebles.

Por otro lado, Fomento anunció ayer que ha constituido un Consejo Asesor integrado por expertos independientes de reconocido prestigio con el fin de que realicen aportaciones en materia de infraestructuras y transportes. Entre ellos hay cuatro aragoneses: Roque Gistau Gistau, que fue presidente de Expo Zaragoza 2008; José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza; Ignacio Estaún y Díaz de Villegas, ingeniero aeronáutico, y María Teresa Estevan Bolea, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.