"Esta legislatura ha de ser la del diálogo social", afirmó ayer el presidente de Aragón, Javier Lambán, tras la "larga, cordial y fructífera reunión" mantenida con los representantes de las patronales Cepyme y CREA (Aurelio López de Hita y Fernando Callizo, respectivamente), y de los sindicatos CC. OO. y UGT (Julián Buey y Daniel Alastuey). Para corroborar esta intención, anunció que en septiembre habrá "una declaración institucional" al respecto, salida de las reuniones de trabajo que a partir de ahora mantendrá la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, con los agentes sociales.

Lambán subrayó que para que esta herramienta sea "viable y útil" hace falta un "método de trabajo" adecuado. Así, en lugar de tratar de llegar a un acuerdo general, la "mesa" de diálogo formada a partir de septiembre "irá abordando los distintos asuntos de interés uno a uno, buscando acuerdos concretos para cada tema".

El presidente avanzó que, tras haber "coincidido en el diagnóstico de la situación", los ayer reunidos estuvieron "de acuerdo en que el Inaem ha de pasar a ser un instrumento de gestión de políticas activas de empleo" y que crear empleo ha de ser "prioridad absoluta". En este sentido, Lambán indicó que el empleo "lo crean las empresas" y que el papel de las instituciones es proporcionar "un entorno favorable" para ello y para que el trabajo generado sea "de calidad", pues en la sociedad aragonesa "cohesionada" a la que su Gobierno aspira "la riqueza se comparte a través del empleo digno y decente".

Uno de los primeros puntos en los que se planteará un "diálogo profundo", señaló Lambán, será determinar "qué sectores son estratégicos" para que la economía aragonesa sea "sostenible, viable y competitiva", así como "qué estímulos y ayudas" han de articularse para reforzar esos sectores. Los representantes de las patronales y los sindicatos corroboraron las palabras del presidente y expresaron también su satisfacción con la primera toma de contacto de ayer.

Fernando Callizo (CREA) hizo una "valoración positiva" y subrayó que estuvieron "absolutamente de acuerdo todas las partes" en que "el objetivo final es colaborar para mejorar la situación económica de la Comunidad, mejorar la situación de las empresas y la creación de empleo". Aurelio López de Hita (Cepyme) mostró su "satisfacción profunda por la posibilidad de que haya un diálogo social entendido como una búsqueda y un análisis para hallar soluciones a los problemas cotidianos" y que sea "útil en el día a día". Por parte de UGT, Daniel Alastuey se mostró contento de que "el diálogo se haya planteado con esta inmediatez" por parte del nuevo Ejecutivo aragonés y consideró que sería deseable incluso una norma "que permita mantener este clima independientemente de quién" esté en poder. Además, hizo hincapié en la necesidad de "recuperar el tejido industrial" aragonés y de mejorar tanto el sistema de financiación autonómica como el impositivo. Por último, Julián Buey (CC. OO.) destacó el "alto grado de concordancia" existente entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, así como el "cambio significativo de metodología", pues el diálogo social no se orientará a "un gran acuerdo con cien mil puntos" sino a "acuerdos en temas concretos, evaluables, de utilidad".

Javier Lambán también comentó ayer tras la reunión que en ella no solo se habló de economía, sino también de otras cuestiones, como la educación, que será igualmente objeto de "procesos de diálogo intensos", o la "reforma de la función pública", que esperan ir abordando en los próximos meses.

Preguntado por los datos de las balanzas fiscales autonómicas ofrecidos el día anterior por el Ministerio de Hacienda (en los que Aragón tiene un saldo positivo de 509 millones de euros), el presidente opinó que, más que de territorios, debería hablarse "de ciudadanos" y comparar "en qué condiciones viven y trabajan" en cada comunidad, con lo que "se llegaría a conclusiones más reales y menos favorecedoras de los intereses de los nacionalistas".