Tenemos una oficina en la que asesoramos a las personas que tengan un problema derivado de una actuación racista y tramitamos denuncias. También desarrollamos proyectos en el ámbito escolar, como charlas o talleres para sensibilizar sobre cuestiones de convivencia y antirracismo, entre otras.

¿Y la Ley de Extranjería? ¿Qué le parece?

Consideramos que la mayoría de la legislación sobre extranjería en este país es restrictiva y que, por tanto, está en contra de buena parte de los principios que defendemos.

Concréteme qué es lo que menos le gusta de esa ley.

La existencia de los CIE (centros de internamiento de extranjeros). Esta especie de cárceles son limbos legales que se utilizan para penar infracciones administrativas a personas que no han cometido delitos, sino que solo les faltan los papeles. Allí, los internos tienen menos garantías legales que los presos en una cárcel. Es uno de los principales elementos institucionales que deberían desaparecer.

¿Y los expedientes de nacionalidad española?

Suelen tardar varios años en resolverse. Por eso llevamos tiempo reclamando premura a la Administración, pues crea una enorme incertidumbre al afectado.

¿Qué postura tienen acerca del decreto por el que se retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular?

La actividad contra ese decreto ha sido uno de los proyectos más intensos que hemos llevado a cabo en los últimos años. Desde su aprobación, estamos pidiendo que se restituyan a los inmigrantes los plenos derechos sanitarios.

¿Y han conseguido algo?

Con ocasión de las pasadas elecciones autonómicas, celebramos un acto de compromiso en el que PSOE, CHA, IU y PAR se comprometieron a restituir la sanidad universal a los inmigrantes. El paso siguiente es invitar a Podemos y a Ciudadanos para que se sumen, pues en ese momento no tenían representación parlamentaria. Pero esperamos igualmente que se cumpla ese compromiso.

En cuanto a la situación de la inmigración en la Unión Europea...

Se ha hecho muy poco por fomentar políticas de integración, en las que ciudadanos de otros países y ciudadanos autóctonos encuentren espacios de convivencia y de conocimiento mutuo que fomenten una conciencia y participación social en la que no se vea a los residentes de otros países como personas de segunda categoría, como ocurre también en España.

¿En qué se ha centrado la actividad comunitaria, entonces?

La política occidental solo ha estado interesada en el control de los flujos migratorios.

Algo podrán hacer las instituciones para mejorar la convivencia.

Para nosotros, hay dos pilares básicos que no se trabajan. En primer lugar, la cooperación internacional. Debería haber actuaciones concretas en los países de origen de manera seria y decidida, de forma que se fomentase esa coexistencia en paz. En el plano europeo, el trabajo en la convivencia intercultural y la integración.

¿A qué se refiere?

Mientras occidente siga con su actitud neocolonialista, de explotación de recursos, y continúe fomentando guerras, siempre habrá contingentes de personas que, desesperadas, van a buscar cómo salir de allí para encontrar unas mejores condiciones de vida. Es decir, que o se actúa a gran escala en cooperación o las políticas dedicadas exclusivamente al control de flujos no van a ser efectivas.

¿Hay racismo en nuestro país?

Podemos decir que el racismo que se traduce en agresiones y delitos de odio es minoritario; y esto siempre ha sido así. Pero en la bonanza económica, las actitudes eran de mayor tolerancia, porque la inmigración se veía como un fenómeno que contribuía a la riqueza del país. Con la crisis, las actitudes racistas aumentaron.