La verdad es que lo desconocía. Lo que hay que hacer es contratar a gente que esté preparada para asumir las responsabilidades. Hay una distinción muy importante entre los cargos públicos y los internos de un grupo parlamentario, que son de confianza.

Pero es familia directa.

Lo importante es el currículum. No sé, pero una prima segunda en una ciudad como Zaragoza...

Tiene casi 700.000 habitantes.

Lo importante es el currículum y hay que tener en cuenta que no es un cargo público ni se ha contratado directamente por la Administración, sino interno. Todas las contrataciones de prensa las ha centralizado la directora de prensa estatal.

Su concejal de Huelva coloca a un cuñado como asesor en la Diputación. ¿Le preocupa que con este tipo de contrataciones les acusen de hacer justo lo que critican?

Para nada. Tenemos unos mecanismos de control y reacción y no vamos a cometer los mismos errores que el resto de los partidos. No vamos a hacer nepotismo, contratar a familiares y amigos sin la preparación adecuada. Si se produce, reaccionaremos. La gran diferencia con el resto de es que ponemos mecanismos y que no nos ha temblado ni nos temblará el pulso.

Viene a Zaragoza, a la capital del Ebro. ¿Considera que el río es excedentario como algunos opinan en su partido?

Hay que hacer un plan hidrológico a nivel nacional. La política hidráulica no se puede afrontar desde un punto de vista regional, sino nacional. Tenemos que garantizar el suministro en toda España de forma racional y con respeto al medio ambiente y a las actividades agrícolas.

¿Considera que un trasvase del Ebro sería gestión racional?

Tendrá que ser una decisión técnica, no política. Se trata de una decisión técnica de futuro para todo el país, como en otros países de nuestro entorno.

¿Lo considera viable?

El tema del agua es una competencia nacional y las decisiones se deben tomar pensando en todo el país.

Usted asegura que defiende más los derechos de las personas que de los territorios. ¿Será entonces partidaria de devolver a los aragoneses lo que es suyo, el patrimonio sacro retenido en Lérida?

Soy una firme defensora de la legalidad vigente y de la soluciones racionales a los problemas. Pero esto tiene poco que ver con los derechos de las personas.

Los altoaragoneses defienden un derecho, lo que es suyo.

Es más un derecho territorial. La normativa dice que las propiedades deben revertir a su legítimo propietario. Vamos a cumplir la ley y no vamos a hacer política frentista entre dos comunidades por algo que debería ser orgullo de todos.

Pero la Justicia ha dado la razón a Aragón y no vuelven los bienes.

Se debe cumplir la legalidad y las sentencias judiciales.

Aragón defiende una reforma del sistema de financiación que prime el coste real del servicio y no, como plantea Cataluña, la población. ¿Cuál es su planteamiento?

Planteamos una reforma sin privilegios para nadie, de forma que cada Comunidad tenga los recursos necesarios para prestar los servicios básicos. El sistema debe tener en cuenta parámetros objetivos como el coste de los servicios y el criterio poblacional. Somos partidarios de que se garantice un mínimo de gasto en los servicios públicos para asegurar la equidad a los ciudadanos, con un catálogo básico en educación y sanidad que pueda incrementarse. Y debe haber más coordinación y eficiencia.

El PP plantea ahora un gobierno de concentración en Cataluña. ¿Lo comparte?

Llevamos tres años diciendo que cuando pasen las elecciones pediremos el apoyo del PP y del PSC para encabezar un gobierno constitucionalista en Cataluña. No es nada nuevo. Nos deberán darlo porque las encuestas nos dan como primera fuerza constitucionalista y tenemos capacidad de bascular como hemos demostrado en otros puntos de España.