El caso más inminente es el de una familia que ansía una decisión institucional que evite su lanzamiento, previsto para el próximo día 14, si bien para el 15 también están fijadas otras cuatro ejecuciones de desahucio. Entre estos casos se encuentran una pareja y sus cinco hijos, dos hombres sin apenas recursos además de otra mujer que está negociando para poder seguir viviendo bajo un techo.

La presión de la nueva corporación municipal y la actividad de colectivos como Stop Desahucios ha sido clave para que algunos de los lanzamientos se hayan aplazado o anulado, así como para conseguir realojar a los afectados por esta situación.

La semana pasada, Roberto, Yasmina y sus tres hijos se salvaron en el último momento de ser desalojados de su domicilio del barrio Oliver. La familia ocupaba una vivienda en propiedad de la Sareb en la calle de San Alberto Magno y las negociaciones de la plataforma con la entidad financiera fueron fundamentales para que el desahucio finalmente se cancelase. Ahora, las instituciones les están buscando una vivienda social.

"Cuando entramos en febrero del año pasado ya sabíamos que ocupar un piso era ilegal, pero no teníamos otra casa para nuestros hijos. Previamente, habíamos vivido en la parcela de un familiar, hasta que se la quitó el banco. Y antes, cuando teníamos trabajo, vivíamos de alquiler", contaba Yasmina, de 27 años, momentos después de que se suspendiera el lanzamiento el pasado día 1.

Aún así, Raquel de la Riva, portavoz de Stop Desahucios, sostiene que la coordinación del convenio no funciona todo lo bien que debería. "No se ha dotado de suficientes medios humanos y materiales a estas políticas de vivienda –apunta De la Riva–. Además, mucha gente no lo conoce debido a la poca publicidad que se le ha dado por parte de las instituciones". Los miembros del colectivo aseguran que, además de no cubrir todos los casos de alquileres sociales, los que se conceden suelen ser muy pocos días antes de que se produzca el lanzamiento, "con la angustia que eso conlleva", señala la portavoz.

Para realojar a todas estas personas, la plataforma lleva años pidiendo a las instituciones la construcción de un parque de vivienda social con suficiente capacidad para responder a la lista de espera. A finales de 2014, alrededor de 3.000 personas habían solicitado al Gobierno de Aragón una residencia de alquiler social, "pero la DGA no tiene viviendas, o al menos esa es la información que tenemos".

Otro de los problemas que señalan es el de la deuda pública, pues a algunas de las personas que han superado estos pasos se les ha denegado el realojo por arrastrar multas por impagos de los recibos del agua, la luz u otros impuestos.

Desde Stop Desahucios también rechazan las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España que modifican los requisitos que dan acceso al Código de Buenas Prácticas, si bien aplauden el deseo del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de que la Policía Local no colabore en los futuros desalojos.