Aragón intenta salvar 1,1 millones de la UE para el colegio de Sallent tras romper con la contratista

La causa de este retraso no es achacable directamente al Gobierno de Aragón, sino a la delicada situación de la adjudicataria de las obras, la constructora aragonesa Ideconsa, que durante varios meses estuvo trabajando al ralentí pese a que tendría que haber acabado el colegio el próximo viernes.

La situación llegó al límite en primavera tras publicarse que la empresa se había acogido al preconcurso de acreedores para blindarse mientras negociaba la refinanciación de su deuda millonaria, proceso que ultima con los bancos. La Consejería de Educación acabó pactando a finales de mayo la cesión del contrato con el grupo aragonés MLN tras haber descartado Ideconsa la otra posibilidad que le llegó a ofrecer la DGA: "Endosar los pagos directamente a sus proveedores para garantizar que siguieran trabajando y suministrando materiales".

La nueva contratista ha garantizado a la Administración que acabará la obra en noviembre y se evitará así perder la financiación europea que estaba garantizada a través del programa Feader, según confirmaron fuentes oficiales de la DGA. La UE exige que la subvención (cuyo importe cubre la mitad del coste de la obra civil, sin incluir el IVA) se justifique antes de fin de año, por lo que el nuevo equipamiento educativo debe estar finalizado para entonces.

Al tratarse de una construcción en montaña, la licitación y el inicio de los trabajos se programó para el verano de 2014 para evitar las complicaciones que puede ocasionar el clima, según explicaron en su día desde la DGA, aunque su demora nada ha tenido que ver con los rigores de la alta montaña.

Desde entonces, solo se ha levantado parte de la estructura. Es decir, Ideconsa solo llegó a ejecutar el 20% de la obra prevista. El grupo MLN asumió el encargo a principios de junio, se le concedieron cinco meses de prórroga para poder acabar la obra civil y en la actualidad trabajan una cuadrilla de 17 técnicos.

Los esfuerzos se centran ahora en la urbanización, en la construcción de las divisiones interiores y en la mampostería del edificio, además del montaje de las instalaciones de fontanería y saneamiento. Al mismo tiempo, se trabaja en el armazón de la cubierta, de madera laminada, que estará terminada a finales de agosto si se cumplen las últimas previsiones oficiales.

El reto es importante, porque en tan solo cinco meses se debe ejecutar el 80% de un edificio que originalmente debía levantarse en un plazo de 14 meses.

La preocupación era evidente en el equipo de la consejera de Educación saliente, Dolores Serrat, que contaba con precedentes en su propio gobierno. A principios de año, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), dependiente de Industria, rescindió el contrato para la construcción del Centro de Química y Materiales de Aragón, la mayor inversión de I+D+i de la legislatura. En este caso, el enfrentamiento con las adjudicatarias, Dragados y Marco Obra Pública, imposibilitaba acabar la obra antes de fin de año, por lo que se han perdido 6,7 millones de euros. De hecho, la parcela junto al campus universitario del Actur sigue abandonada a la espera de que el gabinete socialista desbloquee este gran proyecto reclamado por la comunidad científica.

Ideconsa arguye que las razones de la demora y de la ruptura con la DGA son debidas a dos hechos muy distintos: por una parte, a las "diferencias" sobre la solución arquitectónica para la cubierta, que afectó al plan de obras planteado y por otra, las exigencias de las subcontratistas de cobrar por adelantado para seguir trabajando.

Desde Educación explicaron que, a raíz de publicarse que la constructora estaba en preconcurso de acreedores, comenzaron una serie de reuniones "para conocer la situación real de la empresa y la situación de sus proveedores".