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La Guardia Civil investiga si Olivas tiene cuentas en paraísos fiscales

El juez deja libre al exbanquero, que deberá ir al juzgado cada 15 días.

La Guardia Civil lleva semanas tirando de la compleja madeja tejida en torno al grupo inmobiliario Grand Coral, que protagonizó entre 2006 y 2010 algunas de las operaciones que más daño causaron a las arcas de Bancaja y Banco de Valencia, entidades que tras su integración en Bankia un año más tarde supusieron dos de sus lastres financieros más pesados. El importe del ovillo que rastrean se estima en 118 millones y los hilos llegan a varios paraísos fiscales.

José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia y ex jefe de Gobierno valenciano, está entre los sospechosos de haberse lucrado con esas operaciones, junto a dos de sus principales excolaboradores, Aurelio Izquierdo (que fue director general adjunto antes de ascender a ‘número dos’ de la caja de ahorros) y Domingo Parra (antiguo consejero delegado).

Anoche, el juez Juan Pablo González dejó en libertad a Olivas y a otros dos exdirectivos, aunque ordenó prisión bajo fianza de medio millón para otros dos e incondicional para los empresarios a los que financiaron sus inversiones inmobiliarias en el Caribe.

No obstante, el magistrado impuso al expresidente de la Generalitat la obligación de comparecer en su Juzgado quincenalmete, al igual que el exdirector de Negocio Internacional de Bancaja Habitat, Julián Dolz, mientras que Domingo Parra deberá hacerlo mensualmente, informaron fuentes jurídicas.

Por el contrario, decretó el ingreso en prisión bajo fianza de 500.000 euros para Aurelio Izquierdo y el ex director general adjunto José Cortina, e incondicional para los dos empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

El arranque de la red se remonta a diciembre de 2006. En esas fechas, Ferri y Baldó, dos empresarios valencianos que ya han aparecido en otras investigaciones sobre corrupción, compraron unos terrenos en la zona caribeña de México por 49 millones de euros, aunque usando una sociedad interpuesta.

Solo tres meses después lo revendían a su antiguo dueño, Grand Coral, por 125 millones, es decir, con una plusvalía de 76 millones. Entre los accionistas de ese grupo figuraban ellos mismos, con una participación del 35%, aunque la mayoría estaba en manos de las entidades que les habían financiado, un 40% en Bankia Habitat y otro 15% en una filial de Banco de Valencia.

Los terrenos eran parte del proyecto Grand Coral Riviera Maya, en el que se preveía construir 6.750 viviendas, campos de golf, piscinas, restaurantes y hasta un club de playa en torno a Cancún, todo en casi dos millones de metros cuadrados. Hoy en día, el proyecto está aún en ejecución y Bankia trata de traspasarlo.

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