La nueva DGA regulará la lucha contra la corrupción y la mejora de las ayudas sociales

El nuevo Gobierno de Aragón deberá regular mediante un proyecto de ley la lucha contra la corrupción, el despilfarro y el clientelismo, y aprobará un Decreto-Ley para mejorar las ayudas sociales, como el IAI, según se desprende del acuerdo definitivo que han alcanzado PSOE y Podemos.

El Ejecutivo elaborará un proyecto de ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro que incluirá la creación de una oficina contra estos fenómenos. Se auditará el gasto público de la Administración regional y las empresas públicas.

Ambas partes se comprometen a que ninguna persona a la que se le haya abierto juicio oral por casos de corrupción o clientelismo pueda desempeñar un cargo de libre designación en ningún nivel de la Administración pública y que en el caso de imputación serán suspendidos de sus funciones.

Servicios públicos 

Se tramitará un Decreto-Ley con medidas de emergencia social en materia de IAI, ayudas de urgencia, atención a la dependencia y alimentación de menores.

El acuerdo firmado por PSOE y Podemos prevé que, antes de tres meses, se recuperará el carácter universal y gratuito a las prestaciones de la sanidad pública y la cobertura farmacéutica de todos los ciudadanos "sea cual sea su procedencia o situación jurídica". Todas las personas tendrán derecho a la tarjeta sanitaria. Se confeccionará un plan urgente para suprimir las listas de espera sanitarias.

En el ámbito de la Educación, "apostamos por la revocación de la LOMCE" y en los primeros 100 días de Gobierno se pondrán en marcha todas las medidas para "contrarrestar" su implantación, incidiendo en los currículos, evaluaciones externas y el calendario de implantación en Primaria y ESO.

Ello incluye la paralización de la implantación de la LOMCE en Secundaria y Bachillerato y la minimización de los efectos de esta ley en Primaria. Otra medida es "revisar a la baja" la carga lectiva de la asignatura de Religión "al mínimo legal permitido".

El Gobierno resultante de este pacto paralizará la apertura del centro concertado de Cuarte de Huerva (Zaragoza), retirará la autorización a la Universidad San Jorge para impartir los grados de Magisterio, cerrará de inmediato aulas vacías en centros concertados, se comprometerá a no cerrarlas en centros públicos si hay unidades concertadas en la misma zona escolar.

También se ampliarán las becas de comedores escolares a todas las familias que cobren dos veces el IPREM, ampliando la beca al 100% del coste e incluyendo los meses de junio y septiembre. La partida presupuestaria, que actualmente es de cuatro millones, se incrementará en seis millones anuales, y para cubrir la ampliación de las becas hasta el próximo mes de diciembre, el presupuesto debe subir en 2,7 millones.

Pobreza energética

El Gobierno diseñará un "plan de emergencia contra la pobreza energética" y se comprometerá a promulgar, antes del 31 de octubre próximo, una Ley que impida el corte del suministro energético.

Se adoptarán medidas legales como la imposibilidad de cortar el suministro de electricidad o gas cuando se trate de una vivienda habitual y el impago sea por motivos ajenos a la voluntad del inquilino, en especial por pobreza sobrevenida, se establecerá un mínimo vital de energía mensual por hogar cuyo coste no podrá suponer más del 10% de los ingresos mensuales del hogar.

Antes del 31 de octubre, el Ejecutivo regulará las ayudas de emergencia para, mediante convenios con las compañías eléctricas, hacer frente al coste del suministro, que se financiarán desde un Fondo Autonómico contra la Pobreza Energética. Se promoverá la aprobación de una ley para aplicar un impuesto ambiental a las hidroeléctricas.

Desahucios

Las entidades bancarias que tengan relación financiera con la Administración autonómica o las empresas públicas deberán comprometerse a no ejecutar desahucios de vivienda habitual sin dar una "alternativa habitacional en condiciones dignas a deudores sobrevenidos", ya que en caso contrario el Gobierno reducirá su relación "al mínimo legalmente exigible". Además, se calificarán las buenas prácticas de los bancos en lo relativo a los créditos hipotecarios.

La Administración deberá facilitar una vivienda en el caso de que se produzca un desahucio o pagará el alquiler al propietario de la misma hasta que se facilite al inquilino un alquiler social y se reformará el convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial para optimizarlo. Las Administraciones públicas aragonesas no podrán ejecutar desahucios a deudores de buena fe y por causas sobrevenidas, dándoles salidas habitacionales u otras ayudas.

Función pública

El número de altos cargos y directivos de empresas públicas se reducirá en un tercio, al menos un 20% en la estructura de los Departamentos, y los sueldos de los ejecutivos de sociedades públicas no podrán superar a los de los consejeros excepto en un 10% "para casos excepcionales".

El Gobierno facilitará que un porcentaje de los altos cargos provengan de la función pública aragonesa y el ahorro económico se destinará a recuperar plantillas. Además, se publicarán cualquier modificación de la relación de puestos de trabajo de la Administración y los sueldos. Otro acuerdo consiste en mejorar las condiciones laborales de Sarga y Aramón. Asimismo, se reformará la normativa de la función pública para reducir la casuística de puestos de acceso mediante libre designación.

Se articulará un Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC) para que ningún cargo electo o nombrado por el Gobierno o las Cortes cobre dietas, desarrolle catering ni apruebe gastos de publicidad institucional hasta que no estén todas las ayudas de carácter social garantizadas, es decir, que como mínimo se abonen todos los retrasos.

El nuevo Ejecutivo modificará la normativa sobre contratación pública dando un mayor peso a las ofertas realizadas por cooperativas, empresas sociales y microempresas, entidades sin ánimo de lucro, sociedades que contraten con criterios sociales, ambientales y de proximidad.

Ambos partidos han acordado poner en funcionamiento antes del 15 de septiembre un Observatorio Ciudadano de las Políticas Públicas en el que participará la sociedad civil y que analizará el Pacto Ciudadano acordado para la investidura.

Dependerá de la Dirección General de Participación Ciudadana y lo promoverán un representante de cada partido firmante, los colectivos sociales relacionados con las medidas contenidas en el pacto y una persona independiente, de reconocido prestigio y cuyo nombramiento sea consensuado.

CARTV

El Consejo de Administración de CARTV será elegido por una mayoría cualificada de al menos tres quintas partes de las Cortes entre personas de reconocida trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación, garantizando la paridad de género y con audiencia pública previa en las Cortes.

Se desarrollará el Consejo Asesor como órgano de participación formado por representantes de los trabajadores, asociaciones de periodistas, usuarios, universidad y movimientos sociales, uno de los cuáles representará a este órgano en el Consejo de Administración.

El director general de la CARTV será propuesto por el Consejo de Administración con criterios de independencia, experiencia y eficacia en la gestión, y será ratificado por el Parlamento, y los directores de la radio y la televisión serán nombrados por este tras un proceso abierto de concurrencia competitiva. Los candidatos serán profesionales del sector y defenderán su propuestas en procesos públicos y transparentes.