Zaragoza Alta Velocidad subasta suelo otra vez para paliar su deuda de 262 millones

Solo el Ayuntamiento y la DGA deben aportar 119 millones en 4 años, según el plan de pagos pactado con los bancos.
Siete años después del último intento fallido, pretende vender dos parcelas frente a la intermodal para 432 pisos.

En vuelo
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La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) subastará de nuevo suelo ferroviario de Delicias con el único objetivo de reducir su abultada deuda con los bancos, que se elevaba a 262 millones de euros al cierre del pasado ejercicio.


Los responsables de ZAV confían en que el mercado responda pese a que son muy conscientes de que la última convocatoria quedó desierta hace ya siete años y que desde entonces no se ha vendido un metro cuadrado de suelo.


Fuentes oficiales de la sociedad pública aseguraron ayer a este diario que ya se ha remitido el anuncio de la enajenación al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación, que afecta a dos parcelas situadas frente a la estación intermodal de Delicias con capacidad para 432 viviendas. No quisieron adelantar el precio de la enajenación, establecido en el valor de tasación fijado por Tinsa el pasado mes de mayo. Si el mercado responde, se subastarán de forma inmediata otras dos parcelas situadas entre la intermodal y la plaza de la Ciudadanía. En total, 858 viviendas de precio libre.


Zaragoza Alta Velocidad considera que estas parcelas son las que mejor salida tienen, ya que se trata de solares en los que los potenciales compradores no tendrán que acometer gastos de urbanización y, además, se sitúan en un entorno urbano consolidado. Con la última modificación, aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza, se podrán levantar torres de hasta veinte plantas, la misma altura aprobada para el bloque de 220 pisos previstos en el Portillo.


La operación es clave para rebajar la deuda y aliviar así las amortizaciones a las que deben hacer frente los tres socios de ZAV, controlada por el Gobierno central con el 50% de las acciones y participada por la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza con un 25%, respectivamente. La situación es especialmente sensible para las arcas municipales, que con un presupuesto cercano a los 700 millones de euros están más que condicionadas por su particular deuda, de más de 800 millones. De hecho, el Consistorio sigue sometido a las exigencias de un severo plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda.


El concejal de Economía, Fernando Rivarés, habló directamente de "deuda criminal" al referirse al crédito sindicado de ZAV, exigiendo su refinanciación para no ahogar el margen de maniobra al nuevo equipo municipal para cumplir su programa social.

El estado de la sociedad pública

En la última renegociación de la deuda, firmada hace más de dos años, los socios tuvieron que garantizar las amortizaciones con préstamos participativos ante la parálisis del mercado inmobiliario. Y el calendario de pagos obliga a las instituciones aragonesas a desembolsar 119 millones en cuatro años. Por si fuera poco, los tres socios de Zaragoza Alta Velocidad deben afrontar una última cuota de 130 millones a finales de 2019. Es decir, al Ayuntamiento y a la DGA le corresponderían repartirse otros 65 millones a partes iguales.


Las administraciones son más que conscientes de que el calendario de pagos es inasumible si se pretenden lanzar proyectos a escala autonómica y municipal, aunque solo lo ha explicitado públicamente el nuevo concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz. En el último consejo de administración, celebrado el miércoles, reclamó renegociar con los bancos los plazos y las condiciones del préstamo.


La presión de las arcas públicas solo se reducirá a corto plazo si se logran vender parcelas ferroviarias. En las estipulaciones firmadas en 2013, se recoge expresamente que ZAV está obligada a amortizar anticipadamente el crédito "por el importe cobrado derivado de la venta o cualquier otra forma de disposición de los activos asociados a las obras y a las existencias de terrenos y solares".


Las cuentas anuales de 2014 de la sociedad pública, aprobadas con el voto en contra de la DGA, valoran sus terrenos ferroviarios y los que posee en Arcosur en 262,7 millones de euros una vez descontado los deterioros por la situación del mercado. El importe resultante es el mismo de la deuda viva con las entidades financieras.


La valoración se ha incrementado en tan solo un año en 94,5 millones con el argumento de que el "interés despertado en los agentes del mercado" hace pensar que la enajenación de las parcelas de Delicias y del Portillo será más rápida de la prevista. Además, consideran que se ha registrado una "reducción significativa entre los precios de adjudicación respecto a los de licitación entre el 40% y el 50%", lo que reducirá los costes de urbanización pendientes.


Ambas cuestiones, los plazos de venta más rápidos y los menores costes de urbanización del barrio, lleva a la sociedad pública a disparar el valor neto de las existencias.


No obstante, el patrimonio neto de la sociedad era negativo al cierre del ejercicio como consecuencia, principalmente, "de las correcciones de valor" que se tuvieron que realizar en los activos de la sociedad, "derivados de la situación actual del mercado inmobiliario y de la construcción en España".

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