El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena presentó ayer un escrito ante el Juzgado nº 1 de Huesca solicitando que se inadmita el conflicto de jurisdicción planteado por la Generalitat y se mantenga el 25 de septiembre como fecha de entrega de los bienes del monasterio de Sijena. Según el abogado del Ayuntamiento, Jorge Español, la petición de inhibición del Gobierno de Cataluña incurre "en un claro supuesto de fraude procesal, es extemporánea y va contra los propios actos de la Generalitat", ya que nunca hasta ahora lo había planteado.

La interposición del conflicto intenta evitar el cumplimiento de la orden judicial que obliga a Cataluña a devolver casi un centenar de obras de arte al anularse las compraventas por parte del Ejecutivo catalán y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Y es que a petición de los demandantes -el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena -, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 ordenó la ejecución provisional de la sentencia y fijó una fecha para la entrega.

El representante legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena dice en el escrito presentado ayer en el juzgado que la actuación de la Generalitat "queda más próxima al desacato y a la desobediencia respecto de lo que se ha ordenado por la autoridad judicial, por lo que, para evitar el fraude procesal, no debe admitirse el conflicto". De hacerlo, añade, conllevaría la inmediata suspensión de la ejecución.

En su opinión, son actos que delatan el propósito"claramente dilatorio", pues de tener alguna consistencia jurídica se habría solicitado nada más contestar la demanda.

La sentencia dio la razón al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento al declarar la nulidad de pleno derecho de determinadas ventas de bienes artísticos adscritos al monasterio de Sijena y obligó a reintegrarlos al bien matriz inmueble. Según la juez, ese tesoro forma parte indivisible del monumento y por lo tanto ni este ni podía fragmentarse ni mucho menos venderse en partes.

Ante la orden de ejecutar el fallo, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat acordó el pasado martes plantear un conflicto jurisdiccional al considerar que tanto la sentencia como el auto de ejecución se dictaron"obviando las competencias que tiene atribuidas estatutariamente" el Gobierno catalán en materia cultural.