21.966 hectáreas. Esa es la diferencia que hay entre las estimaciones que maneja el Ministerio de Agricultura sobre el cultivo de maíz transgénico en Aragón – que en su último informe cifra el número de hectáreas en 54.040- y los registros con los que cuenta el Departamento de Agricultura aragonés, que rebaja la superficie hasta las 32.074 ha.

Este desfase, equivalente aproximadamente a la mitad de la superficie que ocupa la comarca de Tarazona y el Moncayo, una de las más pequeñas en las que está dividido el mapa aragonés, se debe a los distintos registros que lleva a cabo cada administración. Mientras el Ministerio basa su estimación en el número de semillas distribuidas a los agricultores, el Departamento recoge los datos de las declaraciones de la PAC correspondientes a 2014.

La comparación ha sido criticada por la asociación ecologista Amigos de la Tierra Aragón después de recibir una respuesta escrita facilitada por la DGA emitida el pasado 27 de febrero en la que se comunican estos datos.

Para el grupo ecologista esta información “prueba que el Ministerio 'infla' los datos sobre el cultivo de transgénicos en España” para así “dar la impresión de que están mucho más extendidos y aceptados de lo que en realidad lo están”, según explica el delegado de Amigos de la Tierra en Aragón, Juan Donaire.

La DGA ha sido uno de los primeros gobiernos autonómicos que han respondido a las solicitudes presentadas por los ecologistas en toda España, coincidiendo en muchos casos con los datos publicados por varias organizaciones del mismo ámbito el pasado otoño, en el que ya se denunciaba que las cifras del Ministerio no estaban ajustadas a la extensión real.

La diferencia, no obstante, encuentra su explicación también en las competencias autonómicas. Las autonomías son las encargadas de gestionar en primera instancia las solicitudes de la PAC, mientras que el Ministerio hace público anualmente una estimación de las superficies cultivadas con maíz MON810 (el único que se cultiva para comercialización en España) a título informativo en función del número de semillas distribuidas.Aragón sigue a la cabeza a pesar del descenso

Se tome como buena una u otra medida, Aragón continúa a la cabeza en el cultivo español y europeo de este tipo de variedad, inmersa en una extensa polémica donde es complicado encontrar puntos en común entre sus defensores y los grupos ecologistas que llevan tiempo denunciando los supuestos problemas que pueden conllevar su cultivo.

Solo Cataluña, donde la Generalitat también publica sus propios datos, sigue la estela de Aragón con 22.510 hectáreas cultivadas según el gobierno autonómico o 36.381,22 según las estimaciones del Ministerio.

En Europa, donde la legislación sobre seguridad alimentaria es especialmente restrictiva, solo el maíz MON810 ha sido aprobado y cultivado por los agricultores comunitarios para consumo animal, teniendo desde hace años especial aceptación en el Valle del Ebro por su resistencia a la plaga del taladro. Sin embargo, también se encuentran agricultores que pese a que reconocen su resistencia prefieren seguir cultivando maíz tradicional al poder comercializar este para el consumo humano, obteniendo mejores precios de venta.Dos campos experimentales fueron autorizados el año pasado

En su respuesta escrita el Gobierno de Aragón informa también de que el año pasado se autorizaron dos estudios experimentales para probar nuevas variedades. Estos estudios son promovidos por las empresas comercializadoras con fines de investigación para hallar variedades más resistentes y cuentan con el visto bueno del Órgano Colegiado de OMGs de Aragón, así como con la evaluación positiva de los informes de riesgo realizados por la Comisión Nacional de Bioseguridad.

Los campos en los que tuvieron lugar estas pruebas experimentales -en las que se probaron variedades con mayor resistencia a herbicidas como el glifosato o a insectos como las mariposas- tuvieron lugar en dos fincas, una en Gurrea de Gállego y otra en el término municipal de Biota.

El debate en Europa, más vivo que nunca

A pesar de que el debate sobre la prohibición o el beneficio de los transgénicos siempre ha estado abierto, en los últimos meses se ha visto avivado después de que Bruselas tomara la decisión el pasado enero de dejar libertad a cada Estado para permitir plantar o no en su territorio variedades transgénicas aunque estas hayan sido aprobados antes por la Unión Europea. Un veredicto que fue recibido con críticas tanto para sectores favorables a su uso como por sus detractores, y que resulta especialmente relevante para el sector agrícola comunitario al romperse el quórum que hasta ahora habían mantenido los 28 países miembros en las cuestiones fundamentales de la política agraria.

En este marco, la Comisión Europea adoptó diez nuevas autorizaciones y renovó otras siete de organismos genéticamente modificados para utilizar en alimentación y piensos el pasado viernes, que después tendrán que ser avaladas por el Parlamente Europeo para que, en última instancia, cada país decida si cultiva estas nuevas variedades en su territorio o no.