... Y la DGA recuerda que que las diferencias se tienen que resolver en la Comisión Bilateral

En la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. Hay seis meses para llegar a un acuerdo.

Tejerina en su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado
Tejerina en su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado
Efe

El Gobierno de Aragón ha recordado a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que las diferencias entre ambos ejecutivos respecto a la Ley de Aguas de la comunidad se están dirimiendo en la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, y que hay seis meses de plazo para llegar a un acuerdo.


La ministra ha asegurado que si Aragón no modifica "voluntariamente" la Ley de Aguas de la comunidad, aprobada en noviembre de 2014, el ejecutivo "iniciará un recurso ante el Tribunal Constitucional".


La ministra ha reconocido que existe un proceso de conciliación previo, al que se ha referido Bermúdez de Castro.


Y éste, hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reconocido que ambos ejecutivos "están hablando" en la Comisión Bilateral, órgano de cooperación que se creó tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y donde se debaten asuntos de competencia estatal que atañen a Aragón.


El consejero aragonés ha insistido en que el acuerdo supondrá una cesión "de las pretensiones de ambas partes", y ha instado a García Tejerina a que, para saber lo que ocurre, pregunte a sus compañeros del Gobierno de España lo que están hablando con el de Aragón.


Finalmente, Bermúdez de Castro, que desconocía la noticia cuando los periodistas le han preguntado por ella, ha ironizado con el lugar en la que se habían producido las declaraciones. "¿Dónde las ha hecho, en Valencia o en Murcia?", ha preguntado.


Distintas regiones y comunidades de regantes han instado al gobierno a que presente dicho recurso de inconstitucionalidad al considerar que la ley aragonesa adjudica a esta comunidad reservas hidráulicas contrarias al sistema de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.