La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado investigar el acoso laboral presuntamente cometido por la número dos de la Consejería de Economía, Cristina Asensio, contra un alto funcionario, Joaquín Lahoz. En un contundente auto, el tribunal subraya que hay indicios del acoso "pertinaz, continuo y persistente para destruirlo psicológicamente". Por ello, estima totalmente el recurso de apelación que interpuso la víctima y obliga a reabrir la causa al Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, que deberá ahora hacer una prueba médica sobre el estado psiquiátrico de Lahoz. El funcionario tuvo que acudir a una psicóloga ante la ansiedad, insomnio y agresividad que le provocó la situación, necesitando incluso ser medicado.

El ponente del tribunal, Carlos Lasala, deja muy claro que el hecho de que Lahoz esté imputado en la Operación Minas no justifica que se le aparte "por motivos de aparente inquina personal de Cristina Asensio". Y pone de manifiesto que al exdecano del Colegio de Geólogos de Aragón y exjefe de servicio de Ordenación Minera, además de ampararle la presunción de inocencia, no se le impuso en su día ningún tipo de medida cautelar. Por tanto, concluye que sigue siendo funcionario del nivel 28 de la DGA"a todos los efectos" y se le debe dar trabajo acorde a su especialidad como geólogo o cualquier otro que corresponda a su escala en la Administración.

El auto de la Audiencia relata que todos los testigos propuestos por el querellante reconocieron la existencia de "serias discrepancias técnicas" entre Lahoz y Asensio en su etapa previa como jefa del servicio de Régimen Jurídico, en el Departamento de Industria. El enfrentamiento se alargó varios años y provocó que el funcionario renunciara en 2008 a su puesto como jefe de Ordenación Minera para pasar a ser asesor técnico en la Dirección General de Turismo.

El ponente del tribunal añade que Asensio asumió también la jefatura de Personal en 2009, "situación de poder que aprovechó para reiniciar su ataque" tras una sentencia de lo contencioso que en 2010 validó el criterio profesional de Lahoz frente al que había impuesto Asensio. Dicho fallo fue comunicado por parte del funcionario al consejero de Industria, Arturo Aliaga, y provocó que se reanudara el acoso, según el auto.

La situación se agravó en 2011, cuando se enteró de que su imputación en la Operación Minas se debió a un informe firmado por Cristina Asensio y un asesor técnico de Minas, Félix Pastor, "quienes le atribuían haber inscrito indebidamente un derecho minero", lo que suponía un delito de prevaricación administrativa.

Con el cambio de Gobierno, Asensio fue nombrada secretaria general técnica de Economía, lo cual no supuso un alivio en la situación que venía sufriendo Lahoz. La abogada del funcionario, Cristina Ruiz-Galbe, aseguró que por decisión expresa de la número dos de la Consejería su cliente pasó a depender de ella. El propio juez destaca que se adoptó el cambio "a pesar" de que Lahoz desempeñaba las funciones de asesor adscrito a Turismo.

El magistrado Carlos Lasala añade que el querellante alegó que no se le dio trabajo durante meses pese a haberlo solicitado verbalmente en varias ocasiones.

El primer y único encargo se remonta a octubre de 2012 y se le hizo por correo electrónico, en el que la nueva jefa de servicio de Régimen Jurídico le ordenó colaborar con su equipo en la elaboración de un estudio sobre procedimientos del Departamento: "Salvo ese correo, no ha sido presentado a nadie [...], no le han llamado a reuniones [...], no le han indicado con quién se ha de coordinar, ni a qué objetivo contribuirá su trabajo, ni para qué o para quién serviría". Por ello, concluye el auto que dicho trabajo fue "de mera apariencia, inveraz y sin contenido alguno, según parece para dejar a Lahoz en el ostracismo".

La Audiencia explica que el funcionario estuvo durante el año siguiente "en el limbo", ya que no recibió llamadas ni fue convocado a reuniones. "Quedó aislado social y profesionalmente en su centro de trabajo", apostilla.

En septiembre de 2013, se le requirió el trabajo, que aportó Lahoz pese a no ser especialista en la materia y "a pesar de haberse encontrado solo, aislado, sin información, sin explicaciones y sin bases de datos y sin contacto alguno con su jefa". Esta le respondió que no respondía al encargo y que desde ese momento sí le daría acceso a la información necesaria, aunque el auto añade que no se cumplió hasta la fecha de presentación de la querella criminal, hace un año.