Cuatro años después de haberse iniciado el expediente de contratación del nuevo hospital de Teruel, los trámites comenzarán de nuevo de cero. Así lo acordado el Gobierno de Aragón, que ha resuelto rescindir el contrato ante las graves e insalvables discrepancias que mantiene con la contratista, Acciona. La empresa ha llegado incluso a exigir la resolución del contrato en tres ocasiones en los tres últimos meses y reclamar una indemnización de 1,2 millones de euros tras no haber logrado participar en el modificado del proyecto, una petición que no se ajusta a derecho. La decisión se le comunicará oficialmente a la empresa en los próximos días.

La Consejería de Sanidad ha asumido que no podrá poner la primera piedra del proyecto estrella de la legislatura antes de las elecciones. Y sus responsables son conscientes del posible desgaste político para el PP, pero no están dispuestos a dar carta blanca a Acciona, como así llegó a plantear la empresa por escrito en la última reunión, el pasado mes de diciembre: incluir una cláusula que le permitiera hacer futuros modificados en las instalaciones del hospital, con el consiguiente sobrecoste económico.

El director gerente del Salud, Ángel Sanz, aclaró a este diario que el objetivo es tramitar la resolución del contrato en paralelo a la nueva licitación del hospital, cuyo plazo de construcción se reducirá casi un año para conseguir que se pueda abrir al público en la fecha prevista: a mediados de 2018.

Al mismo tiempo, los servicios jurídicos de la DGA están analizando el caso por si hubiera que emprender acciones legales. El Gobierno de Aragón ya abrió una batalla judicial con Acciona por la presunta malversación de 150 millones de euros en la urbanización de Plaza y, además, les enfrenta también el rescate millonario de la autopista autonómica.

Posturas contradictorias

Ángel Sanz no pudo ocultar su profundo malestar con la postura mostrada por la adjudicataria del hospital de Teruel, a la que recrimina que, al mismo tiempo que presentaba las resoluciones de contrato en el registro de la DGA planteara en paralelo en las reuniones su disposición a seguir adelante si le dejaban participar en el modificado del proyecto. Su actitud es entendida como un "chantaje" por parte del Gobierno.

Fuentes oficiales de Acciona no quisieron entrar a detallar su postura en este nuevo litigio con la DGA y optaron por trasladar todo lo contrario. "Estamos en la mejor disposición para consensuar un proyecto satisfactorio para ambas partes. Tenemos la máxima voluntad de colaboración", afirmaron como única declaración.

El director gerente del Salud relató que las diferencias con la empresa se remontan al pasado verano, cuando estaba en pleno proceso de redacción el modificado del proyecto, encargado a Pinearq con un doble objetivo: hacer más pequeño el hospital para ajustarse a los cambios en la demanda respecto al plan funcional diseñado en 2007 y, al mismo tiempo, modificar su diseño para que fuera más resistente ante un hipotético terremoto.

El planteamiento de redimensionar las instalaciones partió de la propia Acciona, que a mediados de 2013 presentó dos solicitudes consecutivas apoyándose en un análisis pormenorizado de la evolución demográfica de Teruel, en los cambios de la demanda y de los criterios de utilización. Como la DGA compartía el criterio, inició en enero de 2014 el expediente de contratación, incluyéndose las medidas adicionales de sismorresistencia. Por el riesgo sismológico, no tenido en cuenta en un primer momento, hubo una agria polémica política, ya que la oposición acusó al PP de inventarse una excusa para no acometer las obras.

El director gerente del Salud dejó bien claro que el pliego permitía modificados de hasta el 20% del contrato, licitado por 98 millones de euros y adjudicado a Acciona por 62, siempre y cuando estuviera justificado en problemas de cimentación o por un reajuste en el plan funcional. A esta última cláusula se acogieron las partes.

El problema vino cuando Acciona no logró participar en la redacción del modificado, petición que se trasladó en septiembre pasado y a la que se negaron en rotundo tanto Sanz como el consejero Oliván en una sucesión de reuniones que se mantuvieron con altos directivos de Acciona, incluso su director general de Infraestructuras, Justo Vicente.

Ante la negativa, y sin esperar a conocer el modificado del proyecto y plantear posibles alegaciones, la empresa presentó la petición de resolución por haberse "superado con creces el plazo máximo de un mes para la formalización de la comprobación del replanteo". Como el contrato se había formalizado en marzo de 2012, el acta de replanteo se debería haber firmado en abril. Y tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, reclamó la indemnización establecida, un 2% del importe de adjudicación, es decir, 1,250 millones.

Ángel Sanz señaló que la cláusula aducida es legal, pero recordó que la misma empresa había firmado su conformidad a modificar el contrato seis meses antes, el 22 de abril de 2014. En dicho documento se incluía un nuevo cronograma para las obras, que establecía su inicio en octubre.

El último capítulo se remonta a hace solo un mes, cuando en un nuevo giro de Acciona se traslada a la DGA la petición de una resolución parcial, de modo que solo ejecutarían la obra civil y no las instalaciones. Dicho modificado incumpliría la ley, según la DGA.