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La residencia de Caspe aún no tiene fecha de apertura 8 meses después de adjudicarse

El tripartito asegura que es por las deficiencias que hay que subsanar y el PSOE, porque además no se llega al número mínimo de usuarios

La residencia de mayores de Caspe sigue sin fecha de apertura ocho meses después de que el Ayuntamiento adjudicase su gestión. Según el concejal delegado del área de Acción Social, Carlos Alastuey, el retraso se debe a que las instalaciones todavía no habían sido inspeccionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y a que tampoco se había pasado revisión a servicios como el gas, la electricidad, la climatización o los equipos antiincendios. "Se ha detectado un largo listado de deficiencias y de documentación pendiente que debemos subsanar –explica el edil aragonesista–. Eso no está retrasando, pero la residencia se pondrá en marcha antes de las elecciones seguro: haremos lo que haga falta".

En cambio, desde la oposición el PSOE denuncia que el otro motivo por el que este nuevo equipamiento se está volviendo a demorar

es la falta de demanda. "Los precios que se han establecido son tan caros que apenas hay vecinos que puedan pagarlos –sostiene la edil socialista Pilar Mustieles–. Nisiquiera se alcanza el mínimo de

15 residentes que exige la adjudicataria para empezar a funcionar, así que no sabemos qué va a pasar finalmente". Alastuey reconoce que actualmente hay 12 personas apuntadas para entrar, pero asegura que otras están "a la espera"

y se muestra "convencido" de que el centro se podrá abrir "con 20 o 25 usuarios".

La residencia municipal de Caspe empezó a construirse en 1987. Sin embargo, distintos problemas con las sucesivas empresas constructoras provocaron que durante un cuarto de siglo el proyecto sufriera una sucesión de obras y parones que pareció terminar en 2010, cuando se acabó el edificio. Posteriormente, en 2012, se completaron los equipamientos, y un año después el tripartito que desbancó al PSOE mediante una moción de censura anunció que esperaba abrirlo a principios de 2014.

Entonces Compromiso Por Caspe (CPC), el PP y el PAR aclararon que antes había que hacer algunos remates que costarían unos 40.000 euros y que se financiarían con una subvención de la Diputación. En paralelo, el Ayuntamiento preparó el pliego para sacar a concurso la gestión de la residencia.

Una adjudicación muy polémica

El proceso fue muy polémico, ya que la oferta elegida en un primer momento fue la de la Fundación Rey Ardid y sin embargo esta propuesta fue descartada después de que un informe técnico municipal detectara "graves defectos". Esto provocó que la elegida finalmente fuera la Fundación para el Desarrollo Social, una entidad vinculada al PAR que tras la decisión inicial de la mesa de contratación pidió –y consiguió– que se revisara el proceso. Tanto Rey Ardid como la empresa que quedó tercera –Vitalia Home– impugnaron la decisión en los tribunales y están a la espera de que se resuelva su recurso.

El pleno del Ayuntamiento aprobó la adjudicación definitiva de la gestión de la residencia a finales de abril. Ocho meses después, el nuevo equipamiento sigue cerrado.

"En 2012, el PSOE hizo una jornada de puertas abiertas y dio a entender que la residencia estaba acabada. Sin embargo, nos encontramos con que aún faltaban un montón de cosas por hacer –defiende el concejal delegado de Acción Social-. La inspección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales detectó deficiencias en las puertas antiincendios, en las de los baños, en la iluminación, en los equipamientos de la cocina... Además, nos reclamó numerosa documentación".

Alastuey denuncia que el IASS no había recibido "ni un papel" del Ayuntamiento desde el año 2000. "Ni siquiera sabían que el edificio tiene dos plantas más de las previstas en el proyecto inicial", destaca el concejal del PAR, que también recuerda que la empresa adjudicataria tiene derecho a recibir las instalaciones "en perfecto estado" y que "por ahora" el Consistorio lleva gastados 63.000 euros en solventar las deficiencias detectadas.

Por ahora hay 12 apuntados

Por su parte, el PSOE reconoce que pasar la inspección del IASS conlleva retrasos, pero critica que no se hubiera hecho antes. "Nosotros lo teníamos hablado con Cristina Gavín en enero de 2013, y sin embargo el tripartito ha tardado 21 meses en hacerlo: concretamente, hasta el 27 de noviembre", señala Mustieles. Además, la concejal socialista sostiene que la residencia no se abre porque de momento no tiene suficientes usuarios –hay 12 apuntados y el mínimo está en 15–.

"Ojalá nos equivoquemos, pero en Caspe no hay muchos vecinos que puedan pagar los precios que aprobó el equipo de gobierno al adjudicar la residencia a la Fundación para el Desarrollo Social (entre 1.150 y 1.450 euros al mes) –opina Mustieles–. Nosotros defendimos que la mejor oferta y la más ventajosa para el ciudadano era la de Rey Ardid, pero no recurrimos la decisión final, a pesar de que nos parecía ilegal, porque no queremos que la residencia más retrasos".

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