La DGA presupuestó 342 millones de ingresos de forma "irreal"en 2012 y 2013

La Cámara de Cuentas, en su informe provisional, detecta 97 partidas que tuvieron una ejecución nula y que generaron déficit

Advierte del "riesgo de prescripción de liquidaciones" de tributos por falta de medios

El consejero Saz, responsable de la gestión presupuestaria de 2012 y 2013, junto a Rudi, en un pleno.
La DGA presupuestó 342 millones de ingresos de forma "irreal"en 2012 y 2013
G. mestre

Casi un centenar de partidas de ingresos de los presupuestos de la DGA de los años 2012 y 2013 se quedaron a cero a final del ejercicio. La Cámara de Cuentas, en su informe provisional sobre la cuenta general de la Comunidad, advierte de que el Gobierno de Rudi no elaboró sus presupuestos con "previsiones reales y documentadas de ingresos realizables en el ejercicio" ni realizó "ningún control previo sobre la viabilidad de los ingresos consignados en estas aplicaciones presupuestarias". Y la consecuencia directa fue que generó un déficit sobre lo previsto de 207,10 y 135,61 millones de euros en los dos años analizados y un resultado presupuestario negativo (572,97 y 545,03 millones, respectivamente).


A estos ingresos previstos que nunca llegaron a las arcas autonómicas hay que sumar 22 partidas con un nivel de ejecución inferior al 25% y otras 36 con entre el 25% y 50%. Según el análisis provisional de la Cámara de Cuentas, la Consejería de Hacienda, que entonces dirigía el cesado José Luis Saz, estimó, por ejemplo, que iba a ingresar en 2013 por el tipo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos 40 millones, pero a final de año no hubo ni un euro de ingresos. Lo mismo ocurre con la previsión de venta de patrimonio. La DGA calculó once millones en dos años, pero no logró vender nada. De hecho, la Cámara denuncia que la memoria económico-financiera del proyecto de presupuestos no identifica los inmuebles que se iban a poner a la venta ni su valor de tasación.


Entre las partidas de baja ejecución destacan el plan de acción a favor de personas en situación de dependencia, los ingresos sobre venta minorista de determinados hidrocarburos y el impuesto sobre operaciones societarias. Además de la baja o nula ejecución, el órgano también advierte de que no ha podido determinar "qué tipo de ingresos se presupuestaron" en algunas aplicaciones.


En esta línea, el informe provisional constata la caída de los ingresos. En 2013 supuso 352,77 millones de euros. También advierte de un desplome de la recaudación de hasta 381,33 millones y del aumento de deudores –a presupuesto cerrado– en un 57,96%, lo que "indica dificultades en la gestión recaudatoria". De hecho, la Cámara censura la gestión tributaria de la DGA. Alude a un informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda en el que pone de manifiesto la reducción de medios personales en las oficinas liquidadoras y gestoras, "con el consiguiente deterioro en los resultados de gestión en el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el posible riesgo de prescripción de las liquidaciones". Pero hay más: demuestra que no se realizaron informes de control financiero en relación con la gestión de los tributos y otros ingresos de derecho público.

El fondo de contingencia, irregular

En esta radiografía de la Cámara de Cuentas que pone en evidencia la deficiente presupuestación del Ejecutivo autonómico también se plasma el elevado importe de las modificaciones de créditos (326,04 millones en 2012 y 368,70 en 2013), así como el uso del fondo de contingencia "sin cumplir los requisitos legales". "Los importes dotados pudieron haberse previsto o se dotaron de forma claramente insuficiente, lo que denota falta de rigor y realismo en la elaboración inicial del presupuesto", señala.


También critica que la DGA no tenga reservada una provisión por responsabilidades "ciertas o probables"para hacer frente a indemnizaciones, avales, litigios, garantías... Estima que durante su trabajo de fiscalización esta reserva debería haberse dotado de 42,37 millones de euros: 14,81 para pagar las indemnizaciones del Plan Red y 27,56 para cubrir demandas, litigios y reclamaciones. Indica que en este fondo se deberían provisionar las consecuencias económicas que podrían derivarse de la extinción de la concesión de la autopista autonómica.


Sobre el elevado endeudamiento de la Comunidad, la Cámara constata que en 2012 se superó el límite autorizado y en 2013 está infravalorado.