A finales de octubre de este año se destapó una operación contra la corrupción política sin precedentes: la Operación Púnica destruyó una trama criminal que se extendía por varias provincias españolas y movía cantidades millonarias de dinero. Decenas de personas, entre ellas numerosos cargos políticos, fueron detenidos. Cayó desde el otrora consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, hasta el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sentenció que se trataba de una organización criminal que había defraudado cientos de millones de euros al erario público y entre todas las ramificaciones de la trama destacaba un nombre: el de la empresa Cofely.

Dedicada a servicios de eficiencia energética y medioambiental, los investigadores estimaron que la firma acaparó 160 millones de euros en contratos amañados. Sin embargo, no se activó ningún mecanismo para restringir futuros contratos de administraciones públicas con esta empresa de matriz francesa.

Por ello ha sido posible que Cofely haya firmado hace tan solo un par de semanas un contrato de servicios con la Universidad de Zaragoza. La empresa se ocupará del mantenimiento de los equipos de protección contra incendios de la institución académica durante los próximos 24 meses.

Joaquín Royo, adjunto al Rector para Infraestructuras, explica que la oferta de Cofely era "económica y técnicamente" la mejor de las siete que se presentaron y que al no haber ninguna prohibición en vigor para contratar con la empresa, "objetivamente no existía ninguna razón por la que no darle el contrato". 

La licitación del servicio se puso en marcha a finales de agosto, explica Royo, y Cofely presentó su oferta de gestión a la Universidad de Zaragoza a lo largo del mes de septiembre, un mes antes de que estallara la trama Púnica. 

En esa propuesta de gestión, Cofely mejoraba un 27% el presupuesto de licitación, fijado en 258.219 euros IVA incluido. 

El de la Universidad de Zaragoza no es el único contrato público que se ha adjudicado Cofely tras conocerse la trama de corrupción. La empresa ha conseguido cinco adjudicaciones más en otras comunidades como Asturias, Canarias, Cataluña o Madrid. El valor de estos contratos se acerca a los dos millones de euros.

Joaquín Royo señala que esta era la primera vez que la firma optaba a un contrato de la Universidad y que su contratación siguió todos los cauces establecidos en las leyes. "Como con cualquier otro contrato que adjudicamos estaremos pendientes de que todo esté en orden", añade el adjunto al Rector para Infraestructuras.