La fiscal delegada en Violencia de Género de la Fiscalía vallisoletana, María Petra Álvarez Cantalapiedra, ha confirmado en declaraciones a periodistas que la joven agredida por su expareja en Almázan (Soria) gozaba de una orden de protección.

Este último caso de violencia machista se produjo este jueves, cuando una joven recibió varias puñaladas presuntamente de manos de su expareja, quien se encuentra en paradero desconocido, y tuvo que ser trasladada al hospital Santa Bárbara de Soria para ser intervenida de gravedad.

La fiscal ha sido preguntada también por el futuro de la menor de cuatro años, hija de la fallecida a manos de su pareja sentimental el pasado fin de semana en Valladolid, y ha informado de que se le ha quitado al agresor la patria potestad, con lo cual no va a tener ni derecho de visitas.

Respecto a la exigencia de varios colectivos de endurecer las medidas de protección con leyes más contundentes y duras, la fiscal ha señalado que "siempre que concurran los requisitos, se otorgará una medida de protección" y en referente al último caso conocido ha añadido que "incluso con medidas cautelares suceden estos hechos".

La fiscal ha participado en el curso sobre violencia de género celebrado en el Colegio de Abogados de Valladolid, organizado por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y la Fundación Camilo de la Red.

En su ponencia ha explicado los criterios de su departamento en materia de violencia machista, como el momento en el que se otorga a una víctima una orden de protección, las características de los juicios rápidos y del protocolo de valoración del riesgo, así como del Convenio de Estambul.

Este convenio, firmado por España y otros siete países introduce medidas para prevenir y condenar la violencia contra las mujeres, mediante leyes especializadas, sanciones penales y protección a las víctimas.