Ocho de las 43 entidades locales menores de Aragón no han rendido las cuentas correspondientes al ejercicio de 2013. Ahora se enfrentan a una posible desaparición, ya que han superado el plazo marcado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración (que concluía el pasado 31 de diciembre), que  les enfrenta a la disolución directa y a la absorción por parte del Ayuntamiento del que ya dependen.

Desde la Asociación de Entidades Locales Menores de Aragón apuntan que no han entregado las cuentas debido a un fallo de la aplicación informática del Ministerio de Hacienda, que estaría complicando el proceso. Un extremo que el Ejecutivo no ha entrado a confirmar ni desmentir.

La mayor parte de las unidades administrativas que hasta el momento no han podido cumplir con el requisito se encuentran en la provincia de Huesca (Abi, Antenza, El Temple, Esposa, San Martín de Veri, Sinués y Torrelisa). La octava, Fuencalderas, está en Zaragoza, aunque lindando con la provincia altoaragonesa. Estos ocho puntos de la geografía aragonesa figuran en un largo listado de pedanías de toda España que maneja el Tribunal de Cuentas.

Más allá de la imposibilidad de rendir cuentas, los pequeños municipios lamentan las exigencias del Ejecutivo nacional para seguir existiendo. "Ninguno entendemos este afán, se supone que es una medida para reducir el déficit, pero somos la única entidad que por definición no tiene déficit y que además no se nutre de fondos del Estado ni de las comunidades autónomas", explica Raquel Alamán, presidenta de la Asociación de Entidades Locales Menores de Aragón.

"Se están cargando el mundo rural, en ningún momento se nos ha dado voz en este proceso", lamenta Alamán. "Quieren quitar administración periférica y cercana con el ciudadano, la que mejor puede gestionar los fondos, para centralizar cada vez más la organización del Estado", añade.

Estas organizaciones territoriales, dependientes de otros ayuntamientos, tienen capacidad jurídica e ingresos propios en función de la población y sus responsables no perciben remuneración alguna. En el caso de Larués, dependiente del Ayuntamiento de Bailo y del que Alamán es alcaldesa, cuentan con un presupuesto anual de unos 50.000 euros con los que se satisfacen las necesidades de sus 72 vecinos. "Con esa cantidad se sostiene la población, se mantiene el consultorio médico, el local social, el parque infantil, el alumbrado...", enumera la edil, quien subraya la importancia del "trabajo voluntario" de los vecinos.

"Aunque cada Ayuntamiento absorbiera las pedanías, los gastos seguirían existiendo, y alguien tendría que cubrirlos", explica. "Además, tampoco entendemos la amenaza de disolución, sería como retirar el DNI a un ciudadano que no presentara una documentación a Hacienda, por no hablar de lo laborioso del trabajo", critica.

Piden una moratoria

Aragón es una de las comunidades con un mayor porcentaje de pedanías que se han puesto al día con Hacienda, pero a otras, como Castilla y León, les queda mucho trabajo por delante y por ello la Federación Estatal de Entidades Locales Menores ha solicitado una moratoria de un año a Hacienda.

Además, han llevado varias iniciativas tanto al Congreso como al Senado para tratar de frenar cualquier posible disolución.