La presidenta de ANPE Aragón, Laura Alins, ha expuesto las principales reivindicaciones de esta organización ante las elecciones sindicales que se van a celebrar en la Comunidad autónoma en el sector educativo el próximo 4 de diciembre, entre las que se encuentra la necesidad de ajustar las plantillas "a las exigencias reales de los centros", después de haberse reducido el empleo en Aragón "en alrededor de mil docentes", ha dicho.

ANPE va a concurrir a estos comicios junto con el Sindicato de Profesores de Formación Profesional de Aragón (SPFP), "unidos por su independencia, profesionalidad y defensa a ultranza de la educación pública", han informado ambas organizaciones en una nota de prensa.

Alins ha mencionado, entre sus peticiones a la Administración, una tasa mínima de reposición de efectivos del 50 por ciento; la disminución de horas lectivas; la incorporación de los docentes interinos el 1 de septiembre y un empleo digno "que acabe con los contratos precarios".

También ha reclamado "el cumplimiento de la sentencia judicial ganada por ANPE, que obliga al Gobierno de Aragón a pagar los sexenios a los interinos" y de otra sentencia que por la que debe abonar la parte devengada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Igualmente, ha solicitado "recursos humanos y económicos para formación del profesorado", la reducción del número de alumnos por aula, la libre elección de jornada lectiva y la "desburocratización" de la enseñanza, incidiendo en la "falta de operatividad" del programa SIGAD de gestión académica y didáctica. 

El presidente del Sindicato SPFP, Rafael Garde, ha apostado por un "aumento significativo" de los presupuestos para Formación Profesional, financiación para la FP Básica, legislación autonómica "que aclare la situación de los centros públicos integrados de FP", el aumento de horas de desdobles, la potenciación de la FP dual, el contrato laboral para los alumnos y que el Fondo Social europeo se destine "de manera efectiva" a la mejora de la FP.

Por su parte, el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, ha expuesto los problemas que ha originado la implantación de la LOMCE "sin que haya contado con el consenso del profesorado", una norma que en la que la estructura del sistema educativo "no sufre apenas mejoras, ni transformaciones significativas" respecto a la ley anterior y que no ha contado con la financiación necesaria.