El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer a las comunidades autónomas que será "leal y colaborador". Catalá -que celebró su primera reunión con los consejeros de Justicia autonómicos tras el relevo de Alberto Ruiz Gallardón- estrenó esa nueva "colaboración" con el anuncio de que retira el planes de eliminar los juzgados de hasta 13 municipios aragoneses y de mantener las funciones de las audiencias provinciales.

Según informó ayer, el Ministerio presentará en pocas semanas una propuesta para garantizar "el mantenimiento de los partidos judiciales, aunque se establecerán sistemas alternativos de reparto de cargas de trabajo". Es decir, se podría reforzar la situación de los juzgados que tienen más atasco, pero sin quitar las sedes en los municipios más pequeños. En Aragón estaban en cuestión, entre otros, los juzgados de La Almunia, Caspe, Monzón y Calamocha.

El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, se congratuló ayer por el "abandono de estos planes de supresión". "Todo el mundo puede estar ya muy tranquilo porque no se va a cerrar ninguna sede judicial ni ningún juzgado de paz", afirmó.

Los planes del Ministerio se abordarán con un replanteamiento de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, ahora en trámite. En esa reforma se incluían varias medidas que afectaban a la planta judicial. Según anunció ayer Catalá, todas esas referencias se eliminarán.

Junto a la decisión del Gobierno central de no abrir otra guerra autonómica por el mantenimiento de juzgados, Catalá anunció además que prevé dar más fondos a las comunidades para sufragar la justicia gratuita. Este asunto y la subida de las tasas era uno de los temas que enfrentaba al Ejecutivo aragonés con el Ministerio de Justicia. En principio, todo apunta a que Catalá ha dado marcha atrás en el planteamiento impulsado por el entonces ministro Gallardón.

En cuanto a la justicia gratuita, Bermúdez de Castro ya había expuesto en las Cortes de Aragón la decisión de denunciar al Gobierno central por no complementar la transferencia dedicada a sufragar el servicio. Finalmente, esta denuncia podría no ser necesaria. Catalá anunció su intención de "firmar convenios de cofinanciación" en un corto periodo de tiempo con todas las Comunidades.

Según aseguró Catalá, el Ministerio tiene previsto introducir en los Presupuestos del Estado las partidas que le reclaman las Comunidades. En el caso de Aragón, es 1,2 millones de euros. En principio, se hará a través de una enmienda en el Senado. El objetivo que trasladó el ministro es que la subvención del Ministerio cubra el aumento de casos de justicia gratuita que han tenido que asumir las comunidades.

El consejero aragonés se mostró satisfecho por el anuncio, pero advirtió que "si no se cumple o si aunque presenten la enmienda no es con la cantidad exigida, llevaremos al Gobierno a los tribunales".

En cuanto a la ley de tasas, Bermúdez de Castro trasladó en la reunión sectorial de Justicia que "hay que modificarla; son tasas abusivas, por lo que hemos pedido que rebajen esa norma y, en la medida de lo posible, nos aporte la cantidad de dinero que ha habido por el aumento de la recaudación".

Por su parte, el ministro reconoció que hay "tensión" con las comunidades por las tasas y aseguró que están estudiando la situación "para ver si procede alguna modificación".

"Hay otro talante"

Tanto Bermúdez de Castro como el resto de consejeros autonómicos resaltaron el "cambio de talante" que se han encontrado en el Ministerio, tras la llegada de Rafael Catalá. "Hay otro talante; con la reunión de hoy se ha puesto de manifiesto la necesidad de que hubiera más consenso y más diálogo", expresó el representante de la DGA. En términos parecidos se manifestaron también los consejeros de Justicia de Canarias y País Vasco, entre otras comunidades.

El ministro anunció además que va a poner en marcha un plan de inversiones para "interconectar" todas las sedes judiciales que hay repartidas por España. En total, anunció que se destinarán 55 millones de euros "a la modernización tecnológica".

Por último, abordaron en la Conferencia sectorial la reforma del registro civil. Según informó Catalá, estará lista en julio del próximo año y "se realizará garantizando la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales".