Los tres interventores de la DGA que han desempeñado su cargo desde la constitución de Plaza en 2001, Alfonso Peña, Ana Gómez y Cristina Quirós, lamentaron ayer no haber podido ejercer el control debido sobre la plataforma por "carencia de medios". Explicaron que con solo ocho funcionarios asignados a la supervisión de las decenas de empresas públicas y organismos autónomos era "imposible" ejercer su labor sobre todas ellas en todos los ejercicios. Por tanto, explicaron, tuvieron que aplicar "criterios de riesgos" para decidir cada año qué empresas fiscalizaban. En el caso de Plaza, solo se hizo en 2002, 2003 y 2006, lo que llevó a la portavoz, Patricia Luquin, a enjuiciar el "ojo clínico" que tuvieron al orillar la plataforma logística. 

En la misma línea se pronunció la que fuera jefe de servicio de control financiero de las empresas públicas, Rosa Cisneros, quien de forma pedagógica explicó la "imposibilidad" de asumir el control con ocho personas de más de 120 entes. Al igual que sus compañeros, mostró su sorpresa por que el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, no trasladara al consejo de administración los informes de Intervención, en los que pusieron reparos a su gestión. También los remitían a los consejeros de Hacienda y de Obras Públicas e igualmente no llegaron al consejo.

El control externo no solo fue enjuiciado en la última sesión de la comisión de investigación. Uno de los peritos fichados por la sociedad pública, Guillermo Montaner, llegó a señalar que, vista la "falsedad" del acta de recepción de obras (se incluyeron trabajos sin ejecutar por 10 millones de euros) hubo "connivencia o ceguera en la propiedad". Además, tildó de "sorprendente" la postura del consejo de administración.

El jefe de los servicios jurídicos, Jesús Lacruz, desveló ante la comisión que fue el diputado de CHA Gregorio Briz quien advirtió al consejero de Obras Públicas que el trabajador de Acciona Chabier Mayayo tenía información sobre presuntas irregularidades. Sobre sus reuniones con Mayayo y con el gerente aseguró que "moralmente y legalmente no podía hacer otra cosa que atender a un denunciante". Ante la insistencia del PSOE, admitió que la decisión de acudir a la Fiscalía Anticorrupción, y no a otra instancia, "la tomó el señor Andreu", después de que se valoraran otras posibilidades como la Audiencia Nacional. Y defendió que la denuncia no se comunicara al consejo de Plaza porque "hubiera supuesto la desaparición de todas las pruebas". Según dijo, se habría filtrado a la prensa, una tesis "corroborada al decretarse el secreto de las diligencias". 

Preguntado por el PP, consideró que "sobre el papel, y sin los agobios de la gestión diaria, sí se abusó" de las contrataciones por procedimiento negociado. Para mejorar la supervisión en Plaza, propuso una "cuidada y rigurosa selección de personal" porque los controles pueden ser 50, pero más que los controles son las personas que manejan esos controles". Su compañera letrada Esperanza Puertas reiteró que hubo "suficientes controles" en Plaza y vino a decir que lo que fallaron fueron las personas. 

Por su parte, la asesora legal de Plaza Claudia Cabeza no quiso mojarse con el argumento de que era "becaria" cuando ocurrieron las presuntas irregularidades. "No puedo valorar porque estaba aprendiendo. Cada departamento se buscaba la vida. Había un poco de desorganización y la relación con la gerencia no era buena", dijo antes de reconocer a preguntas del PSOEque no tuvo conocimiento de irregularidades. 

El que fuera jefe de Control Interno de Intervención, Mariano Muñoz, cesado por no enviar las alegaciones de las empresas públicas al Tribunal de Cuentas provocando la apertura de dos causas judiciales archivadas con posterioridad, reconoció sentirse un "cabeza de turco" por orden del "consejero de Presidencia". El funcionario, que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra su destitución, insistió en que no hubo intencionalidad. Al igual que Quirós, responsabilizó a la Corporación por enviar las alegaciones por email y no por escrito, como está reglamentado. 

Por su parte, quien fuera directora general de los servicios jurídicos, María José Ponce, se limitó a defender en todo momento, como ya hiciera ante el juez, que su labor como secretaria no consejera de Plaza se limitaba a "enviar convocatorias y redactar actas".