Jesús Herboso Pajarrón fue director general y principal accionista de Industrias Químicas del Noroeste (Inquinosa) y figura como socio, administrador o apoderado de Belplast Petrochemicals, Own Decision, Inquinosa Internacional, Deconta, Ortochem o Eurochem. Pero, según los registros oficiales, solo tiene a su nombre dos locales en Bilbao de 105 metros cuadrados, que además comparte: en un caso con otras 11 personas y en otro con 23, probablemente fruto de una herencia familiar. 

El juzgado de instrucción número 3 de Huesca ha ordenado el embargo de estos bienes, dentro de la demanda promovida por el Gobierno de Aragón contra Herboso y contra la empresa para ejecutar la sentencia de 2003 que los condenó por daños al medio ambiente y cuya indemnización nunca han pagado. La orden de embargo se hace extensiva a sus acciones en Inquinosa y a las propiedades de la compañía, también escasas, ya que se limitan a dos parcelas de la fábrica, pues el resto del recinto pertenece a una inmobiliaria, Urmarast. Difícilmente se podrá cobrar de aquí considerando que se trata de suelos declarados como contaminados, lo que obliga al dueño a hacerse cargo de su millonaria recuperación. 

A Herboso no se le han descubierto, de momento, más bienes a su nombre en España, aunque la investigación judicial no ha hecho más que empezar. Ni siquiera es titular del lujoso chalé de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el número 7 de la calle de Hermanos Escartín, la vivienda familiar y donde siempre radicó el domicilio social de Inquinosa. Aquí se siguen enviando los requerimientos judiciales, el último para personarse en la demanda de ejecución, pero la notificación, una vez más, fue negativa. 

Las propiedades localizadas hasta ahora están muy lejos de atender la reclamación de 20 millones de euros (las indemnizaciones de 6,5 millones decretadas por la Audiencia de Huesca, los intereses y otros gastos), y aún más de los 50 millones invertidos por las administraciones públicas en la gestión de los residuos que abandonó en Sabiñánigo. 

Por ello, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han propuesto al juez el auxilio de la Policía Judicial para rastrear posibles bienes en el extranjero, como cuentas bancarias, y seguir la pista de su actividad comercial en Rumanía o Estados Unidos, donde continuó con el negocio del lindano. 

Esta petición figura entre las numerosas diligencias solicitadas al juzgado nº 3 para hacer efectiva la sentencia dictada en 2003 y ratificada por el Supremo en 2009. El juez ha desestimado la petición, argumentando que al ser una causa civil no puede intervenir la Policía Judicial, pero los letrados de la DGA han recurrido. Sostienen que una parte de la indemnización deviene de un proceso de responsabilidad civil iniciado en 1996 contra la industria por daños al medio ambiente pero otra se deriva de un procedimiento penal anterior contra Jesús Herboso por permitir que los desechos depositados en las balsas de Bailín llegaran al río. La alianza con Rumanía

El juzgado de Huesca sí ha puesto en marcha ya otras diligencias para consultar datos a la Tesorería de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, las entidades bancarias y los registros de la propiedad y mercantiles. Y a través de comisiones rogatorias se pretende seguir los pasos de Herboso por Rumanía y Estados Unidos. Un familiar comentó a este periódico que actualmente podría estar en América. 

En Rumanía se perdió su rastro como productor de lindano. En 1994, nada más cesar la actividad en Sabiñánigo, Inquinosa se asoció con la empresa pública Oltchim, multinacional del sector químico, para crear Oltquino (el nombre lo forman las letras de los dos socios), participada en un 46.64% por la firma rumana y en un 52.99 % por la española. 

Pero esta sociedad radicada en el municipio de Ramnicu Valcea, a dos horas de la capital, también atravesó dificultades. Dejó de fabricar lindano en 2006 por la presión de la normativa europea. Cobrar el dinero en Rumanía sería difícil, y no solo por la complicada situación económica de Oltquino sino por la complejidad de la ejecución de un embargo en el extranjero, que obligaría a interponer una demanda en ese país.

Se sospecha que Oltquino vendía su producción a la compañía JLM Industries Inc., con derechos de importación en Estados Unidos y que también podría tener vínculos con la química que produjo el plaguicida en Sabiñánigo entre los años 1975 y 1989. De ahí que la asesoría jurídica de la Comunidad Autónoma haya pedido al juzgado que también investigue de las posibles relaciones comerciales con esa compañía estadounidense con sede en Tampa (Florida).