La DGA pide al juez investigar los bienes de Inquinosa y que ejecute una sentencia de 2009

La Consejería de Medio Ambiente localizó en el País Vasco y Rumanía propiedades de la empresa y de su director general, pero insuficientes para afrontar la indemnización de 6,5 millones de euros

Cinco años después de que el Tribunal Supremo condenara a la empresa Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros al Gobierno de Aragón por daños al medio ambiente, la indemnización todavía no se ha hecho efectiva. Es ahora, a punto de expirar el plazo legal, cuando el Gobierno de Aragón ha decidido solicitar la ejecución de la sentencia para acabar con esa impunidad. El anuncio de acciones judiciales lo hizo ayer el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, al término del Consejo de Gobierno.


La sentencia del Supremo puso fin a un litigio de 13 años entre la DGA y la empresa que entre 1975 y 1989 produjo en su fábrica de Sabiñánigo el pesticida lindano, cuyos efectos ya le han costado hasta ahora a las administraciones más de 50 millones de euros.Actualmente se trabaja en el desmantelamiento del vertedero de Bailín.


El fallo dividía la indemnización en varias partes, algunas de las cuales debía pagar Inquinosa y otras de forma solidaria con su director general, Jesús Herboso. Además, se reclamarán los costes judiciales que supuso todo el proceso, unos 100.000 euros.


Desde 2009, el Gobierno de Aragón no ha conseguido que paguen y, pese a que ha investigado sus bienes, apenas ha encontrado propiedades a su nombre. Lo localizado hasta ahora no da ni de lejos para cubrir la cantidad fijada. Ahora, los servicios jurídicos instarán la ejecución de la sentencia ante el Juzgado número 3 de Huesca, el primero que vio el caso. La DGA planteó la demanda en 1996, se ganó en primera instancia y el fallo fue confirmado por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo.Investigación internacional

La administración autonómica ha intentado localizar tanto las posesiones de Herboso como de la sociedad anónima. Fue a los registros de la propiedad pero también hizo averiguaciones en otros países sobre Inquinosa Internacional, ya que cuando se le prohibió seguir produciendo en Sabiñánigo se marchó a Rumanía. Llegó a recurrir a despachos especializados, a los que pidió que rastrearan bienes actuales o los que pudieran tener mientras duró el proceso judicial. Según la investigación, en este tiempo se desprendieron de algunos.


"Se ha encontrado algo, pero de menor valor, no sería suficiente para cubrir la deuda", declaró ayer la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Molinero. Por ejemplo, se ha localizado alguna finca a nombre de Herboso en el País Vasco, de donde era originario. Industrias Químicas del Noroeste (Inquinosa) solo dispone de parte de los terrenos de la fábrica de Sabiñánigo, aunque carecen de valor al estar contaminados. Y en tercer lugar, Inquinosa Internacional tuvo una planta en Rumanía, pero Molinero cree que la situación será similar a la de España. La compañía, en cuyo accionariado todavía aparecía Jesús Herboso, aunque ya ha superado ampliamente la edad de jubilación, hizo suspensión de pagos y estaba en liquidación, ya que la producción de lindano se prohibió en toda Europa.Suelos ‘hipotecados’

La acción legal emprendida ahora llega después de que el Gobierno aragonés hubiera requerido oficialmente a Inquinosa para que pagara la deuda. También le exigió la descontaminación de la fábrica de Sabiñánigo. Este aviso se hizo extensivo a Urmarast S. L., una inmobiliaria dueña de parte de la finca. Algunas parcelas se vendieron en una subasta, tras el embargo instado por los procuradores al directivo de la química por las deudas del pleito, pero dos siguen todavía a nombre de Inquinosa. Son suelos declarados contaminados "para cualquier actividad", y así figurarán en el registro de la propiedad con la finalidad de evitar la compra por un tercero. Quien lo adquiera deberá hacer primero un proceso de descontaminación, con un coste millonario.


Toda la documentación conseguida en estos años se entregará al juzgado de Huesca, que además, precisó la directora general de Calidad Ambiental, tiene potestad "para ir más allá de lo que ha podido llegar el Gobierno de Aragón con medios propios". Además, solo una instancia judicial podría ordenar la venta de inmuebles, si aparecen, para cubrir la deuda derivada de la sentencia. "Estamos agotando todas las posibilidades, no vamos a abandonar fácilmente", declaró Pilar Molinero.