El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel que dirige la investigación para desarticular un supuesto entramado de exportación ilegal de medicamentos dejó ayer en libertad, aunque con cargos, a los cinco últimos farmacéuticos detenidos en Zaragoza –4 en la capital y uno en Vera del Moncayo–. El magistrado adoptó la misma medida para otro boticario de la capital aragonesa también imputado en la causa pero que acudió de forma libre a los juzgados turolenses.

Los seis declararon durante toda la mañana ante el juez instructor, que intenta averiguar la implicación de cada uno de ellos en los hechos que se investigan, en los que ya figuran 25 imputados. Por el momento, están considerados por la Justicia como posibles responsables de la comisión de un delito contra la salud pública, otro de estafa y otro de falsedad. Además, sus farmacias, salvo aquella en la que su titular no fue detenido, han quedado precintadas.

La primera en declarar fue Raquel A. A., que regenta una farmacia en el barrio de La Almozara y que, tras su comparecencia, a la que acudió de forma voluntaria, se fue en libertad. Los siguientes, que llegaron al Palacio de Justicia de Teruel esposados y en vehículos oficiales de la Guardia Civil tras haber pasado dos noches en los calabozos de la Benemérita, fueron Ana S.M., cuya botica está en Vera del Moncayo; Fernando S. P., que tiene el despacho en la calle Pablo Neruda de Zaragoza; José Antonio O. O., con oficina en la zona de Valdespartera; Domingo A. B. y Carlos A. B., quienes regentan de forma conjunta una botica en el distrito de la Universidad de Zaragoza.

Los abogados de los hermanos Domingo y Carlos A. B., que son Carmen Cifuentes y Mariano Bonías, destacaron ayer a la puerta de los juzgados turolenses que sus defendidos "no tienen conciencia de haber cometido ningún ilícito penal". Tras calificar como "muy buena noticia" la libertad concedida a sus representados, afirmaron desconocer el nivel de implicación en los hechos que el juez atribuye a sus clientes, al estar el caso bajo secreto de actuaciones. Anunciaron, por otro lado, que el próximo lunes solicitarán el desprecintado de las farmacias, al no haber adoptado el juez ninguna medida cautelar sobre ellas."Matices distintos"

Otro de los abogados, Javier Acín, que defiende a José Antonio O. O., subrayó que, a su juicio, las actuaciones de cada uno de los farmacéuticos imputados "tienen matices distintos". Esta idea fue apoyada ayer por diversas fuentes de la investigación, las cuales afirmaron que los boticarios intervenidos no se conocían entre sí. De hecho, la operación policial que dio lugar al cierre de farmacias y que comenzó el pasado mes de mayo con la detención de la boticaria de Palomar de Arroyos arrancó bajo el nombre de Pharmakon, pero este operativo derivó en otro denominado Convector que engloba las actuaciones posteriores.

Los otros dos farmacéuticos de la provincia de Zaragoza detenidos en el marco de esta investigación, los de Cariñena y Aguilón, han recurrido en apelación a la Audiencia Provincial de Teruel contra el auto de prisión provisional que dictó para ellos el juez instructor del caso. El alto tribunal turolense no se ha pronunciado todavía sobre este recurso y ambos siguen en la cárcel desde el pasado 30 de septiembre, si bien el Ministerio Fiscal ha solicitado que los dos boticarios puedan eludir la prisión con el pago de una fianza de 50.000 euros cada uno. 

Asimismo, la Fiscalía ha pedido al juez que ordene la reapertura de la farmacia de Peñarroya de Tastavins, cuya titular pudo evitar su ingreso en prisión con una fianza de 50.000 euros. La investigación sigue abierta y está previsto el cierre de más boticas y la detención de más farmacéuticos.