El juez exige a Agapito que cubra la fianza de 18,8 millones con la venta de Decathlon

El juez del caso Naves, Francisco Picazo, reclama al empresario Agapito Iglesias el dinero que acaba de obtener por la venta de las naves de Decathlon en Plaza con el fin de cubrir la fianza de 18,8 millones de euros que le impuso en su día junto al resto de imputados. La decisión se la comunicó ayer a través de una resolución, en la que le cita el lunes a una audiencia para que detalle qué ha hecho con los casi 25 millones ingresados hace tan solo cuatro días tras la firma la compraventa de su principal activo, el macroalmacén logístico que tenía arrendado a la multinacional deportiva francesa en la plataforma logística.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza pretende así asegurar con dinero en metálico la fianza impuesta para cubrir las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso, que ya motivó el embargo de sueldos, cuentas, bienes y todo tipo de activos de los encausados: además de Agapito Iglesias, el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, y el exgerente y el exdirector técnico de Plaza, Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez Cervantes, respecticamente. El juez llegó a la conclusión en mayo de que los cuatro se "lucraron e incorporaron a su patrimonio" los 15,2 millones del "sobrecoste injustificado" de una promoción de naves que Plaza adjudicó a Codesport, la constructorra del expropietario del Real Zaragoza.

En su última resolución, no solo cita a Agapito para reclamarle el dinero, sino que se adelanta a los acontecimientos para asegurar el importe de la operación inmobiliaria, desvelada el jueves por este diario. Así, Francisco Picazo ha requerido a la sociedad pública de Plaza que ingrese en la cuenta de depósitos de su juzgado los 8 millones que le entregó Agapito Iglesias para saldar su deuda por los terrenos sobre los que levantó las naves para Decathlon en régimen de alquiler.

Con este mismo objetivo, el juez también ha comunicado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, que condenó hace un mes al empresario a devolver 12,2 millones a Plaza por la venta de un edificio de oficinas en la plataforma, que le ingrese igualmente cualquier dinero que pueda percibir de Iglesias. De esta forma, se cubriría parte de la fianza del caso Naves y el dueño de Codesport seguiría siendo deudor en el caso civil de Plaza.

No obstante, el empresario pretende recurrir esta sentencia y la sociedad pública no ha solicitado por el momento la ejecución provisional, en la que se condenó a una de las empresas del grupo Codesport, Zaragoza Plaza Center, por un "enriquecimiento injusto" al incumplir el precio de coste pactado por el citado edificio de oficinas con la plataforma.

La mencionada venta de las naves de Decathlon se escrituró el pasado martes en una notaría de Zaragoza, a la que se citó al gerente de Plaza, Jesús Andreu, para saldar la deuda nada más firmar con el comprador, el inversor oscense Antonio Bernad. Este pagó casi 25 millones de euros a la hasta ahora titular de las naves, Multi-Inversiones 2010, una empresa del grupo Codesport que no estaba afectada por los embargos del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.

La inmovilización del importe millonario de esta venta no solo afectará a la sociedad pública de Plaza, sino que puede extenderse al resto de deudores de Agapito Iglesias. Con los 25 millones cobrados, el empresario pretendía saldar íntegramente las deudas contraídas por Multiinversiones 2010, que afectaban igualmente a Hacienda y a la propia matriz de su grupo inmobiliario, Codesport, por la construcción del macroalmacén logístico de Decathlon . A la constructora aún le debía 11 de los 13,5 millones del coste declarado de las obras, dinero que iba a servir para, a su vez, atender pagos a los subcontratistas. De hecho, así se lo comunicaron esta misma semana a los acreedores de Codesport.

Otros cinco millones iban a Hacienda y a sufragar otras deudas con administraciones y los impuestos de la operación.Investigación policial

El juez Francisco Picazo también ha requerido al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía para que "a la mayor rapidez" investigue si Agapito Iglesias ha podido cerrar otras "operaciones de compraventa de bienes muebles o de otro tipo". No tendrán que rastrear mucho, ya que su último informe sobre el patrimonio de los imputados se remonta al pasado 8 de agosto. Este sirvió de base para ampliar el embargo a Iglesias, Esco y García Becerril.

La resolución tan solo ha sido comunicada en su integridad a la Fiscalía tras la decisión adoptada la semana pasada de declarar secretas las diligencias por un periodo de un mes. Al resto de las partes personadas únicamente se les notificó ayer la parte dispostiva, que no es firme y a la que se puede presentar una recurso de reforma en el plazo de tres días.