"Indecente, inaceptable, incoherente". Estos fueron tres de los adjetivos utilizados ayer por los partidos de la oposición para tildar el prematuro adelanto de la DGA a la hora de cerrar sus presupuestos para atajar el gasto e intentar cumplir el objetivo de déficit, lo que provocará la acumulación de facturas y la anulación de cualquier concurso público hasta el año que viene. Los portavoces de PSOE, CHA e IU recordaron que bloquear el gasto a tres meses de que acabe el ejercicio no se había hecho nunca, a excepción del año previo a la introducción de euro, en 2001, lo que supone una "medida desesperada" del Gobierno de Rudi para cuadrar las cuentas que pone en tela de juicio la propia validez del presupuesto.

Como informó ayer este diario, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el lunes la orden de la Consejería de Hacienda por la que se bloquea cualquier nuevo gasto hasta fin de año, independientemente de que tenga respaldo en una partida presupuestaria. La medida cogió por sorpresa a las direcciones generales, a los contratistas y a los proveedores, varios de los cuales no ocultaron su malestar e incluso su indignación por la decisión tomada por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. "El consejero de Hacienda, Javier Campoy, participó la semana pasada en un encuentro con empresarios y ni se le ocurrió comentar su decisión, que nos afecta a muchos", manifestó el ejecutivo de una firma aragonesa que trabaja para la Administración.

Javier Campoy no ocultó que con el prematuro cierre contable pretende avanzar en la "disciplina presupuestaria" que predica y aplica desde que asumió la cartera el pasado mes de abril, por lo que está utilizando las "herramientas" a su alcance para intentar cumplir el objetivo de déficit, fijado para este año en el 1% del PIB de Aragón, en torno a los 336 millones de euros. No obstante, fuentes oficiales de la DGA sostuvieron que la ejecución presupuestaria de este año será similar a la de ejercicios anteriores.

El secretario regional del PSOE, Javier Lambán, fue especialmente duro al punto de la mañana en un tuit: "Solución de Rudi para controlar el déficit: no pagar a los proveedores. !En qué manos estamos! !Qué irresponsabilidad! !Qué indecencia!".

Sus afirmaciones las apuntaló a media mañana su portavoz parlamentario, Javier Sada, quien consideró el adelanto del cierre presupuestario como una "medida desesperada" para evitar que Aragón sea por segundo año una comunidad incumplidora en cuanto a estabilidad presupuestaria. "Esta medida supone un fracaso del Gobierno, que está perjudicando a todo el mundo con sus sacrificios", resaltó.

El presidente de CHA y portavoz parlamentario, José Luis Soro, señaló que, a contrario de lo que sostiene el PP, el cierre presupuestario de este año no es meramente técnico-contable como el resto de años, sino político. "Es una forma de ejecutar el plan económico financiero, de cuadrar los números mediante la inejecución del presupuesto", dijo.

Soro incidió en que lograr el objetivo de déficit es muy fácil si se aprueba un presupuesto para doce meses y al noveno mes se deja de gastar "y no se paga más que las nóminas y el gasto corriente". En este sentido, aventuró que el presupuesto de 2014 destacará por ser uno de los de menor ejecución de la historia de Aragón. "Estará por debajo de 90% y esto supondrá también recortes en el gasto social", aseveró.

Su grupo parlamentario registró ayer una pregunta dirigida al consejero de Hacienda para que explique las consecuencias del anticipo del cierre contable. "Sacan pecho de que dos de cada tres euros los destinan a gasto social, por lo que ahora no podrán negar que recortan si durante tres meses bloquean las cuentas", añadió.

En la misma línea crítica se pronunció la portavoz de IU, Patricia Luquin, quien lamentó la situación en la que quedará entidades sociales y proveedores de la Administración: "De la noche a la mañana se han encontrado con que no van a poder cobrar y que las facturas se van a a quedar en los cajones. Los deja tirados".

Luquin señaló que el prematuro cierre contable es "inaceptable, tanto en el fondo como en las formas" y censuró que al consejero Campoy le "valga todo" para intentar cuadrar el déficit. "Ahora, los ejercicios presupuestarios tienen 9 meses en vez de 12, y aún así, ya podemos asegurar que la DGA no va poder cumplir el objetivo de déficit", criticó. 

Los dos partidos que sostienen el Gobierno autonómico, PP y PAR, salieron en defensa de la decisión adoptada. El portavoz popular en las Cortes, Antonio Torres, recordó que se seguirá pagando "con total normalidad" todos los gastos que ya están reconocidos, así como las nóminas, las cuotas a la seguridad social, la farmacia, la dependencia, las becas, la PAC, las prestaciones y pagos periódicos. Por ello, criticó a la oposición por su "dramatismo" con el argumento de que el cierre presupuestario no ha supuesto que ningún centro de salud u hospital haya dejado de atender pacientes.

Por su parte, el diputado aragonesista Antonio Ruspira incidió en que la Consejería de Hacienda ha cerrado la caja "con un criterio de prudencia por el déficit" y consideró "irresponsable" decir que se vaya a parar el gasto social.