Será más corto de lo habitual porque las elecciones autonómicas de mayo están a la vuelta de la esquina, pero el curso político que ahora comienza se prevé intenso. De hecho, los primeros movimientos ya han comenzado. La aprobación el viernes en el Consejo de Gobierno del techo de gasto para los presupuestos de 2015 y el envío por parte de Luisa Fernanda Rudi de la carta en la que plantea a los grupos políticos la constitución de una ponencia para debatir medidas de regeneración democrática han marcado, ya en agosto, la agenda política.

Y a partir de esta semana, las citas se multiplicarán. Los diputados volverán el jueves a ocupar sus escaños para hablar de los 4.654 millones de gasto que alcanzarán los presupuestos de 2015, una cifra que supone un incremento testimonial de 20 años respecto a la de este año. Los socios de gobierno, PP y PAR, inician ahora las negociaciones para ver cómo se distribuye ese dinero. Los aragonesistas entienden que "hay que hacer un esfuerzo" para sacar adelante unas cuentas que el Ejecutivo quiere aprobar en poco más de un mes.

Pero esta no será la única cita de carácter económico en septiembre, ya que el consejero de Hacienda también tendrá que comparecer en las Cortes para explicar, como tantas veces le ha demandado la oposición, el Plan Económico-Financiero aprobado el 31 de julio por el Consejo de Política Fiscal. En este tramo final del año se verá además hasta dónde llegan los ajustes obligados por el incumplimiento del déficit de 2013 e incluidos en el plan.

A lo largo de septiembre también se constituirá previsiblemente la ponencia para estudiar medidas de regeneración política, propuesta en julio por la presidenta aragonesa, a la que el PSOE ya ha planteado sus condiciones para sentarse a negociar. La oposición ha mostrado su escepticismo desde el primer día y parece más que complicado que los grupos logren algún acuerdo, incluso de mínimos.

Algunas de las propuestas que ya se han lanzado van en la misma línea de determinadas medidas incluidas en la ley de transparencia que está previsto aprobar en los próximos meses, al igual que la de subvenciones y la modificación de la ley del presidente, con las que se pretende mejorar el control sobre la gestión pública. Además, esperan su turno la polémica reforma del ingreso aragonés de inserción (IAI), la ley de la función pública, la actualización de la de los derechos históricos de Aragón (que recoge la posibilidad de expropiar el patrimonio artístico expoliado), o la que regulará la distribución de competencias entre las administraciones locales.

El foco de atención también estará en las conclusiones que salgan de las comisiones de investigación creadas para depurar responsabilidades políticas de la gestión tanto de la plataforma logística Plaza como de la CAI. Tras las intensas jornadas de comparecencias foros, llega el momento de ver si han servido para despejar o no las dudas y sospechas sobre ambos casos.