Un supuesto sobrecoste de 14,5 millones en dos edificios de Plaza sienta a Agapito en el banquillo

El expropietario del Real Zaragoza y dueño de Codesport, Agapito Iglesias, regresará la próxima semana a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Y esta vez será para sentarse en el banquillo como demandado, ya que este lunes comienza el juicio civil en el que se dirime si la empresa Plaza Center Campus Empresarial S. A. (vinculada a Codesport y de la que es administrador el empresario soriano) cobró 14,5 millones de euros de más por dos edificios que le encargó Plaza: un bloque de oficinas que sigue vacío y un centro de Formación Profesional que se prevé inaugurar en breve.

La demanda que ha dado lugar a este litigio la presentó el propio Gobierno aragonés mucho antes de que se destapara un cúmulo de presuntas corruptelas vinculadas con el complejo logístico. Pero mientras el resto de investigaciones se tramitan por la vía penal –Agapito Iglesias está imputado en el caso Plaza y acusado en el caso Naves–, esta ha sido cursada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza. No en vano, aquí no se dirimen responsabilidades penales sino simplemente patrimoniales.

La jueza encargada del caso, Concepción Aznar, encargó al arquitecto José Joaquín Gómez Pitarch que estudiara los edificios en litigio y dijera si realmente podía haberse pagado por ellos mucho más dinero del que costaban. Y las conclusiones de su informe, que adelantó HERALDO en mayo, no pudieron ser más rotundas: los inmuebles costaron 12,9 millones de euros y, sin embargo, Plaza abonó por ellos 27,1 (IVA excluido).

Según el arquitecto que actuó como perito judicial, para conseguir rebajar de una manera tan significativa el coste de la obra, la empresa de Agapito Iglesias no ejecutó algunos de los trabajos contratados o usó materiales de peor calidad. El arquitecto detectó que se habían hecho modificaciones de obra que no aparecían en las certificaciones, que había incrementos "excesivos" de precios y "mayores mediciones" respecto a las facturas. Destacó también el hecho de que, ante semejante cúmulo de irregularidades, nadie en Plaza hubiera puesto nunca ningún reparo.Tres exconsejeros como testigos

El juicio civil comenzará el próximo lunes, día 1 de septiembre, en la sala número 34 del edificio Vidal de Canellas de la Ciudad de la Justicia, pero se prolongará durante otras dos sesiones más. En la primera jornada está previsto que declare el demandado y que se interrogue a diez testigos. Entre los propuestos por la DGA figura el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, al igual que Agapito Iglesias, imputado en el caso Plaza y acusado en el caso Naves. Para intentar demostrar el supuesto sobrecoste, la representación legal del Gobierno aragonés interrogará también a dos técnicos de la empresa de tasación Tinsa.

Los testigos propuestos por el abogado del demandado tienen un cariz mucho más político.De hecho, han sido citados Javier Velasco (exconsejero de Obras Públicas de la DGA); Alberto Larraz (exconsejero de Economía); María Teresa Verde (exconsejera de Ciencia y Universidad); Carlos Escó (exviceconsejero de Obras Públicas y acusado en el caso Naves); Ricardo Cavero (director general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza); y José Luis Abda (exconsejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad).

Durante la segunda sesión del juicio se practicarán las pruebas periciales que permitirán rebatir los informes técnicos encargados por cada una de las partes, así como el elaborado por el perito judicial, José Joaquín Gómez Pitarch. El último día, los abogados harán sus informes y el juicio quedará visto para sentencia.

M. A. Coloma