El Tribunal de Cuentas pide obligar a los ayuntamientos a rendir cuentas

El Tribunal de Cuentas cree que hacen falta reformas legales para que la rendición de cuentas fuera un "requisito indispensable" para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presentan sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido. 

Así lo recomienda en el 'Informe de fiscalización del sector público local' del ejercicio 2012, en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza las cuentas generales de 13.740 ayuntamientos, entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares, áreas metropolitanas, comarcas y agrupaciones de municipios. 

Según el documento, sólo el 65% de las entidades locales rindieron la cuenta de 2012 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje superior al del año anterior pero que aún "debe continuar avanzando" hasta cumplir plenamente la norma. Por ello, el Tribunal cree que un buen incentivo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones. 

En este punto, se precisa que el menor grado de rendición correspondió a entidades locales de Andalucía (49%), seguido por Castilla-La Mancha (70%). Por contra, en Baleares y Cantabria el porcentaje de cumplimiento fue cercano al 100% y en Aragón, Galicia y La Rioja se superó el 90%. 

También ha mejorado el retraso medio en la presentación de las cuentas de las entidades locales, que en 2012 se situó en los 47 días. En este punto, el organismo fiscalizador apunta que las normativas de la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y León establecen plazos diferentes a la normativa nacional, por lo que el Tribunal recomienda "regular plazos generales más breves" y homogéneos para todo el país.

Presupuestos prorrogados

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas alerta de que hasta el 87% de las entidades locales prorrogaron sus presupuestos durante al menos parte del ejercicio 2012, con un retraso medio de 87 días en la aprobación de las cuentas, un plazo que se incrementa según disminuye el tamaño de la población. "La utilización de la prórroga presupuestaria de manera continuada durante cada ejercicio evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica", critica. 

Además, los presupuestos se modificaron en un 25% a lo largo del ejercicio, y en concreto los ingresos apenas alcanzaron el 83% de lo previsto, lo que provocó que se tuvieran que aprobar modificaciones de crédito financiadas con recursos no obtenidos efectivamente, lo que "incide negativamente en la solvencia de las entidades locales". 

En estas circunstancias, el organismo fiscalizador reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, previsiones de ingresos "carentes de posibilidades reales de ser realizados", modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión a las "posibilidades financieras reales de la entidad", porque acaba generando déficit y deuda.Suficiencia financiera

No obstante, el Tribunal también reconoce que no todos los desequilibrios financieros de las entidades locales son su responsabilidad, sino que sería necesario establecer "medidas estructurales" para garantizar su "suficiencia financiera", de modo que se eviten "desequilibrios permanentes" que resulten en deuda. 

Y es que según el informe las entidades locales sólo tuvieron ingresos para cubrir el 73% de sus competencias, un porcentaje que se reduce apenas al 58% en los municipios de menos de mil habitantes, y que en el caso de las comarcas, mancomunidades y áreas metropolitanas apenas supuso el 17%, 32% y 57% de autonomía, respectivamente. 

No en balde, estas entidades se financian "fundamentalmente" gracias a las transferencias corrientes del Estado (32%) y a los ingresos tributarios (48%), un tercio de los cuales corresponden al IBI. Así, un 14% adicional de la financiación proviene del endeudamiento, que en 2012 superó el 88% de las previsiones presupuestadas, en gran medida por la aplicación del plan de pago a proveedores.