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La juez archiva el caso Caladero al «no existir datos» de una actuación delictiva

UPyD anuncia que recurrirá el auto por considerar que se ha vulnerado el derecho de defensa.
Señala que la obra se ajustó a lo acordado, con precios de mercadoy no hubo «perjuicio» patrimonial.
Coello responsabiliza de todo a la «negligencia de la DGA» y Esco estudia emprender acciones legales

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, ha archivado el caso Caladero al considerar que «no existen datos» de una actuación delictiva por parte de los cuatro imputados por prevaricación, Carlos Esco (exviceconsejero de Obras Públicas), Santiago Coello (exconsejero delegado de la Corporación de Empresas Públicas), Pilar Valdivia (responsable de empresas participadas de la Corporación) y Pedro Colás (exdirector financiero de Plaza). La juez estima que el desfase de más de 3,3 millones de euros en una de de las fases de construcción de la planta de pescado de Caladero en Plaza está justificado, las obras se ajustaron «a lo acordado», los precios fijados fueron «de mercado» y «no se ha producido un perjuicio patrimonial en los fondos públicos».


La base argumental del auto va en la misma línea que ya sostuvieron las defensas a la hora de solicitar el sobreseimiento el pasado mes de febrero, al igual que hizo la Fiscalía Provincial hace solo unos días. No obstante, la acusación popular, ejercida por Irene Romea en representación de UPyD, ya ha anunciado que recurrirá por entender que se ha vulnerado el derecho de defensa. Romea solicitó un informe pericial y la juez no ha dado respuesta hasta el auto de archivo, en el que rechaza cualquiera práctica de nuevas diligencias con el argumento de que «no conduciría a una conclusión distinta» a la adoptada. 


Los imputados y sus abogados mostraron su satisfacción por la decisión, aunque los dos que ejercieron altos cargos en el Gobierno PSOE-PAR, Carlos Esco y Santiago Coello, criticaron abiertamente la actitud del Ejecutivo de Rudi. De hecho, le responsabilizaron de la judicialización de las obras, que, como criticó la Fiscalía, acabaron en los tribunales por la «tardanza» de la actual DGA en responder a los reparos legales del Tribunal de Cuentas, en 2012. Como ni siquiera alegó, el contrato de obra civil de interiores de Caladero, adjudicada por 11,2 y que costó 14,5, se incluyó en la auditoría sobre la gestión de la DGA y de sus empresas públicas de los años 2008 y 2009. Ello provocó que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas remitiera el expediente a la Fiscalía de Zaragoza en 2013 y que, de forma paralela, se abrieran diligencias por la vía contable en el órgano fiscalizador.


La juez del caso Caladero recuerda que la propia DGA desmontó las presuntas irregularidades cuando compareció ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que archivó el procedimiento contable hace cuatro meses. De hecho, destaca que los documentos de descargo aportados afectan «de forma sustancial» a los fundamentos que dieron lugar a la causa penal.


En su auto, Mercedes Terrer subraya que con la documentación aportada y las declaraciones se demuestra la coincidencia entre la obra ejecutada y lo previsto en el contrato, las modificaciones posteriores «según lo certificado en los órganos técnicos», la «adecuación» de los precios a los de mercado y la «inexistencia de un menoscabo en los fondos públicos».


A su juicio, posibles irregularidades como la falta de imposición de una penalización a la contratista por el retraso en las obras o la adjudicación del modificado y del contrato complementario tras acometerse los trabajos serían, en todo caso, objeto de un litigio por la vía de lo contencioso-administrativo. En este sentido, resalta que no existe ningún informe previo ni oposición de los técnicos sobre ninguna de las «posibles irregularidades procedimentales o administrativas». Yapostilla que las obras se adjudicaron en base a informes técnicos ajenos a los imputados, «cumpliéndose las formalidades administrativas y reflejando argumentos jurídicos y técnicos fundados en una determinada interpretación de la normativa».Responsabilidades políticas

El exviceconsejero de Obras Públicas consideró que, cuando menos, el Ejecutivo de Rudi debería asumir «responsabilidades políticas» porque, añadió, «si hubiera presentado en tiempo y forma la documentación requerida por el Tribunal de Cuentas ni siquiera hubiera habido caso ni nos hubieran generado los perjuicios personales y profesionales por la imputación». Su abogado, Juan Monclús, adelantó que van a estudiar «las acciones legales pertinentes», aunque, en ningún caso, actuarán hasta que no se diluciden las otras dos causas en los que está imputado su cliente, Apartadero y Naves.


El argumento de los daños fueron esgrimidos igualmente por Colás y Coello. Este último acusó a la DGA de «negligente» y subrayó que, como mínimo, debería pedir disculpas. Las defensas, ejercidas por el citado Monclús, José Manuel Marraco, Jesús García Huici y Eladio Mateo, cuestionaron la diligencia de la DGA y el hecho de que se recurriera a la vía penal por hechos que, en todo caso, debían resolverse por lo contencios. También lamentaron «la pena de banquillo» de los imputados.