El PSOE está dispuesto a llegar a los tribunales, «si es preciso», para defender que el futuro Hospital de Alcañiz, que la DGA pretende construir mediante la fórmula de colaboración público-privada, sea público. Así lo aseguró ayer el secretario general de los socialistas de Teruel, Vicente Guillén, que compareció junto con miembros de la agrupación de Alcañiz y con el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad de las Cortes, Eduardo Alonso, para explicar el contenido de las 18 alegaciones «políticas y técnicas» presentadas al plan de viabilidad económico-financiero encargado por el Ejecutivo de Rudi para la concesión de la construcción y explotación de la infraestructura. Según el estudio, el hospital, que se licitará previsiblemente en octubre para empezar a levantarlo la próxima primavera, costará 561 millones a pagar en 28 años. Se trata de una cifra muy superior a los 96 millones que se destinarán a la obra y la urbanización del entorno.

Guillén recordó que es la primera vez que se utiliza este modelo en Aragón y acusó al Gobierno autonómico de tratar al Bajo Aragón como «conejillo de indias de un sistema que ha fracasado en otras comunidades y que está condenado al fracaso». Destacó la «oposición de la gran mayoría de los ciudadanos» a los que da servicio el hospital, el «disparate» que supone jurídicamente el plan y la dificultad de adecuarlo al compromiso de ajuste del déficit.

En sus alegaciones, el PSOE denuncia que la fórmula escogida «abre un proceso de privatización de los servicios públicos de la sanidad aragonesa», con «el grave riesgo que supone para una atención sanitaria de calidad, universal y gratuita». Por ello, exigen anular el plan de viabilidad para «evitar una hipoteca de los futuros presupuestos sanitarios de la Comunidad», con «efectos negativos para los profesionales y usuarios».

Pero además, plantean una serie de reparos técnicos al informe elaborado, ya que aseguran que parten de «cifras erróneas», como en la extrapolación de gastos del actual hospital, e «hipótesis no realistas», por ejemplo, al cifrar la ocupación del 85% de las camas en todo momento. Estos cálculos, alertó Alonso, pueden suponer que la concesionaria «plantee una renegociación del contrato». 

También echan en falta sendos informes de la Intervención General de la Comunidad y del Estado que garanticen que se cumple la normativa, y advierten del «popurrí de categorías laborales» que generará la gestión privada –se externalizan los puestos no sanitarios–.

Asimismo, el PSOE estima el sobrecoste por financiación en 311 millones –para una inversión de 96–, «que darían para pagar 28 planes de choque para reducir las listas de espera como el que se ha presentado», afirmó el portavoz de Sanidad. Ante ello, Vicente Guillén propuso destinar 20 de los 60 millones anuales del FITE (Fondo de Inversión de Teruel) durante 5 ejercicios para construir el hospital con dinero público.

Hace dos semanas, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón Histórico, arropada PSOE, CHA e IU, sindicatos y colectivos, ya mostró su intención de ir a los tribunales por este asunto. Mañana llevarán al Salud miles de firmas de ciudadanos que apoyan sus alegaciones, respaldadas también por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).