Los sindicatos de la CAI critican la falta de control autonómico y del Banco de España

Consideran que hubo dejación de funciones                        y actitudes «complacientes» de los supervisores.
Piden depurar responsabilidades políticas

 Los representantes de los trabajadores en la CAI, que comparecieron ayer en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón que analiza la gestión de la caja aragonesa desde 2000 hasta 2010, fueron muy críticos con la actitud del Gobierno autonómico y del Banco de España por entender que hicieron dejación de sus funciones y no controlaron lo que estaba ocurriendo en la caja de ahorros aragonesa. Con matices, los tres representantes sindicales (Victoria Camarena, de UGT; Miguel Ángel Villalba, de CC. OO. y Gonzalo Postigo, de Asipa) denunciaron que tanto el Ejecutivo autonómico como el regulador financiero mantuvieron una actitud «complaciente» e incumplieron su cometido de controlar y supervisar la entidad de ahorro aragonesa.


Victoria Camarena (de UGT) aseguró que en la caja faltaron controles internos y externos y trasladó a los parlamentarios la indignación de la plantilla de la CAI por la actuación de los directivos que han pasado por la comisión. «Ninguno sabía nada, todos desconocían lo que ocurría o tenían miedo de denunciarlo. Se han dedicado a echarse la culpa unos a otros –dijo–, pero han mantenido sus cargos y han cobrados sus altas remuneraciones mientras en UGT denunciábamos, desde 2004, lo que estaba pasando». Para la responsable sindical buscar ahora dos cabeza de turco es quedarse corto: «Dos personas solas (en referencia a los exdirectores generales Luis Calvera y Tomás García Montes), por muy autoritarias que fueran, no llevan a la caja a la situación que llegó. Hubo mucha connivencia y son responsables desde los directores generales, los presidentes, los altos directivos y los órganos de control externo (DGA, Banco de España y la consultora Deloitte, que auditaba las cuentas de la caja)». Para la sindicalista, las causas de la crisis de la caja hay que buscarlas en «una especulación desmedida, falta de control interno y externo, acumulación de poder y dejación de responsabilidades».


En similares términos se pronunció Miguel Ángel Villalba, de CC. OO., que puso el énfasis en señalar que la crisis de la CAI comenzó cuando la caja abandonó su actividad tradicional para lanzarse al negocio promotor. Se dejó de lado el negocio minorista, generando una doble entidad: la CAI tradicional y la creada por Calvera yGarcía Montes que, «desde un poder absoluto, vampirizó a la otra». Villalba llegó a hablar del «expolio» que se produjo en la caja, del que se beneficiaron los directivos y algunos clientes de la entidad de ahorro. 


Por último, Gonzalo Postigo, habló de «actuaciones delictivas de la caja» y dijo que CAI Inmuebles (la sociedad participada creada para la promoción inmobiliaria) fue la «patente de corso para el saqueo de los recursos de la CAI». Postigo pidió a la comisión que se depuraran las responsabilidades políticas ya que, en su opinión, las hubo.


En la sexta sesión de la comisión de investigación, además de los sindicalistas de la CAI, intervinieron Fernando Foncea, socio auditor de Deloitte –la consultora que audita las cuentas de la CAI–; José Luis Escolá, presidente de Acción Social Católica –entidad fundadora de la CAI– y Manuel Pardos, presidente de Aicar-Adicae.


José Luis Escolá explicó cómo se vivió desde Acción Social Católica la crisis de la CAI y aseguró que nunca sospecharon anomalías en la gestión de la caja hasta 2008, con el ‘golpe de Estado’ contra Alcázar. Escolá dijo que habían querido cerrar esa «etapa negra» de la CAI impulsando una serie de medidas, pero que la nueva regulación financiera impidió que la entidad «pudiera enderezarse. No dio tiempo», dijo.